MEDELLÍN. Urbanismo y Sociedad.
Jorge Pérez Jaramillo.
TURNER Noema. 2019. Madrid.
La historia de los últimos 30 años en la ciudad de Medellín y de cómo se enfrentó una de las situaciones de crisis violenta más importantes de Latinoamérica hasta superarla, no sin problemas, mediante un "proceso social, participativo e incluyente" y de planificación territorial que ha desembocado en que los índices socioeconómicos y demográficos hayan cambiado su tendencia y se haya convertido la propia ciudad y su área metropolitana del río Aburrá en ejemplo internacional de prácticas urbanísticas y sociales con poder transformador.
Jorge PÉREZ JARAMILLO presenta en su libro Medellín. Urbanismo y Sociedad, editado por TURNER Noema en 2019 la historia viva de la transformación de una ciudad a lo largo de un proceso de 30 a 40 años en que partiendo de una crisis económica, violenta y un declive social con altas tasas delictivas, de paro, pobreza, desigualdad se construyó un camino para lograr revertir la situación y lograr construir una sociedad más justa, más inclusiva, más participativa y más democrática en definitiva. Utilizando como revulsivo precisamente la crisis se consiguió superar los nefastos indicadores de delincuencia, segregación, pobreza, paro, marginalidad, urbanismo no planificado, informalidad espacial y urbanística, etc...
Todo ese proceso de reversión de la situación crítica de la ciudad de Medellín y de su área metropolitana se consiguió a través de un proceso de intervención urbanístico y social con participación de todos los actores sociales e incluyente basado en el liderazgo colectivo y con la co-responsabilidad como factor cohesionante dando así representatividad y voz a toda la población incluidas las clases o grupos más pobres.
Es un gran experimento o quizás se podría decir que es la suma de muchos experimentos sociales y urbanísticos a diferentes escalas ampliando en el proceso el marco de un urbanismo de ingienería vial y técnica exclusivamente hacia un urbanismo social en que se contemplan parámetros más sociales, más inclusivos y participativos yendo con ello más allá de las concepciones puramente "ingenieriles" (no por ello menos necesarias) a otras en que se contempla la ciudad articulada y dotada con espacios públicos, parques, transporte público, bibliotecas, colegios, comedores, centros médicos, etc..., que en el marco de planificaciones a medio y largo plazo de carácter territorial (a escalas menores) y urbanístico (a escalas mayores) consiguieron que poco a poco, y no sin dificultades, aquéllos parámetros sociodemográficos negativos de la década de los 70-80 hayan revertido la tendencia en un plazo de tiempo relativamente corto hasta la actualidad.
El éxito de este proyecto se debe sobre todo a la confluencia de la universidad y sus escuelas de arquitectura que ya desde la década de los años 40 en el S. XX postulaban soluciones urbanísticas sobre la ciudad y su área metropolitana y cómo posteriormente evolucionó implicando a la sociedad y el ámbito político y creando en dicho proceso figuras del planeamiento adecuadas para la consecución de los planes estratégicos. Con todo ello el diálogo de los actores sociales y el aumento de la cohesión ciudadana aseguraron el éxito del proyecto ya que se articuló sobre la base de la co-responsabilidad, la participación ciudadana y la inclusión de todos los grupos sociales no solo en los proyectos a escala macro sino también en el diseño de proyectos con impacto microescalar en un ambiente que hiciera partícipe a las clases o grupos más desfavorecidos.
En ese marco los concursos y arquitectura y urbanismo que se convocaban en la ciudad se mostraron como fuente de proyectos y como vehículos para la experimentación de nuevos cauces para la consecución de los planes de urbanismo y de desarrollo del área metropolitana del río Aburrá en que se incardina la ciudad.
El proyecto de ciudad también se dibujó desde una perspectiva inclusiva y con el proyecto de ciudad inspirado en conceptos como "crecimiento hacia dentro", "derecho a la ciudad", la "equidad urbana", etc... De ese modo se luchó contra lo que venía siendo la nota dominante urbanística en los peores años de la ciudad de Medellín y su área metropolitana: la construcción de viviendas con altas densidades sobre suelo barato aumentando así la especulación del capital inversor y creando cargas urbanísticas importantes en forma de problemas de tráfico, transporte público, dotación y acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad, gas, educación, servicios médicos, etc... y provocando con ello la creación de barrios excluidos, comunidades segregadas y en definitiva más fractura social.
En este punto el llamado urbanismo social se desarrollaron acciones en los barrios más desfavorecidos aumentando así sus oportunidades y dándoles voz a través de sus propios actores sociales consiguiendo con ello más inclusividad, más representatividad y más protagonismo a los más desfavorecidos y todo ello acompañándolo de intervenciones como dotación a los barrios de espacios públicos conceptuados como espacios de encuentro ciudadano y de estar diario. Un ejemplo de esas intervenciones o experimentos que se pusieron en marcha consensuados con aquellos con quienes se iba a "experimentar" fueron, o quizás debiera decir, son, pues se trata de un proyecto vivo, los llamados "TALLERES DE IMAGINARIOS COMUNITARIOS" (pág 139) o "UNIDADES DE VIDA ARTICULADA" en que la comunidad expresaba también su propio ingenio a la hora de valorar los "PLANES MAESTROS GENERALES". Es curioso en este punto como el concepto de BARRIO se articula como potencial unidad de análisis y de trabajo (págs 130-132).
En este marco se abordaron algunas medidas en la línea del CPTED para bajar la concentración de delitos mediante un "Plan Maestro de Iluminación" al detectarse en los análisis de diagnóstico socioeconómico la existencia de áreas muy oscuras en los barrios y en las cuales había una mayor concentración de delitos. Al detectar que esas áreas eran zonas de propiedad pública se ideó (participativamente) el modo de reconvertir esas propiedades en experimentos sociales a pequeña escala a través de la figura de las "UNIDADES DE VIDA ARTICULADA".
El PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS es uno de los instrumentos donde a partir del diagnóstico de una situación caracterizada por conceptos como viviendas con altas densidades en áreas periféricas con suelos a bajos precios, cargas urbanísticas, barrios excluidos, comunidades segregadas, fractura social..., se orientan los planes de ordenamiento territorial hacia como conceptos como crecimiento de la ciudad hacia dentro, acupuntura urbana, espacios públicos, equidad, comunidad, participación, freno a la especulación urbanística y que durante el periodo estudiado se han dado situaciones de cierta evolución desde punto de partida con construcción de viviendas con altas densidades en la periferia donde había suelo disponible y barato y donde se podían obtener grandes plusvalías, hacia el desarrollo de la ciudad hacia dentro basada en aumentar las densidades poblacionales en las áreas y barrios ya existentes apuntalando de esta forma la comunidad, la representatividad aprovechando el movimiento asociativo, sus líderes locales o de barrio y sus espacios públicos como espacios de encuentro y de fomento de su identidad comunitaria.
Este tipo de actuaciones consiguieron que el caso de Medellín sirviera de ejemplo a nivel internacional por cuanto suponía un cúmulo de experimentación urbanística y social con evidentes resultados en los principales indicadores socioeconómicos y demográficos. Sin embargo, ello no obsta a considerar que, como proyecto vivo, esté sujeto a los cambios políticos que se van sucediendo y, de hecho, el autor menciona la deriva populista y de fragmentación política que en los últimos años impregnó la política nacional colombiana y la local de Medellín y su área de influencia y de cómo muchos de los proyectos de los Planes de Ordenación se han postergado en el mejor de los casos. Esa es la razón de que dedique algunos capítulos a consideraciones del tipo "grandes retos que prevalecen" (pág 189).
Es curioso, y aquí me quiero detener un poco, que mencione la seguridad ciudadana como uno de los retos que la sociedad de Medellín y su área metropolitana tienen por delante. Y cómo equipara o pone al mismo nivel conceptos como la "equidad", la "sostenibilidad ambiental", la "salud urbana", el "control territorial" la "articulación metropolitana" con el de la "seguridad".
El papel de la geografía en el análisis geoestratégico redundan en el control territorial de la ciudad expandida y su área de influencia a través de la relación entre conceptos como geografía, espacios urbanos, flujos de relaciones humanas, etc...
En ese marco tiene capital importancia el desarrollo de un fuerte sistema de PARTICIPACIÓN CIUDADANA que ofrece a la sociedad civil diversas instancias de representación. Hay entradas en el libro tituladas "participación ciudadana como base de la democracia" en se hacen observaciones como la de MARCO AURELIO MONTES en su libro Medellín que estás en el cielo (2004) en que se dice textualmente "las clases adineradas han ido transformando la ciudad al ritmo de la especulación".
Por otro lado en el análisis de la evolución de los índices de la ciudad de Medellín tienen gran relevancia los altos niveles de calidad y coberturas en servicios públicos de salud, educación, transporte, recreación (pág. 209), agua potable, energía, telecomunicaciones, gestión de residuos, etc... Pero es en el subcapítulo de la pág. 223 titulado "innovaciones para la vida pública" en que se dibuja el cuadro urbano desde el origen de las intervenciones a la actualidad. ahí, como se verá, se dibuja un panorama que se da en otras ciudades y áreas metropolitanas de iberoamérica: la ausencia de los así llamados ESPACIOS DE VIDA donde la inseguridad era la nota dominante y en que "la ciudad se desarrolla en base a urbanizaciones cerradas por muros y rejas controladas por vigilancia privada en los entornos más pudientes y los combos o pandillas en las áreas populares y barrios relegando el espacio común a su menor expresión". La ciudad en ese contexto equivale a entornos de vías de comunicación rodeados de muros. (A lo largo del libro desarrolla los problemas de ingienería viaria sobre las del urbanismo social).
Rehabilitar los espacios colectivos, reconquistar la ciudad ha sido fruto del cambio de paradigma en la forma de abordar los problemas en su conjunto, de propuestas técnicas, culturales y sociales de intensa experimentación y de diálogo social construido sobre la participación de los ciudadanos, sobre el aumento de las oportunidades y representatividad de estos y, por otro lado, las aportaciones académicas y los esfuerzos políticos.
En todo este escenario es importante que se tenga presente que la gestión de la seguridad ciudadana y el fomento de la vida pública entre otros factores hacen que la ciudad de Medellín haya llegado hasta este momento y encare el futuro decididamente.
Manuel Vera.
Marzo 2020.
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martes, 17 de marzo de 2020
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sábado, 21 de marzo de 2015
La no Ciudad. A propósito de Ciudad Juárez. JORDI BORJA.
La No Ciudad.
Publicado en www.ciudad.blog.edu.uoc. Marzo 2015
En un breve e interesante libro reciente Mike Davis, expone que “los latinos salvarán a la ciudad gringa” (es el título de la obra). Jane Jacobs, en su clásico sobre La vida y la muerte de las ciudades norteamericanas sentó las bases de la negación o autodestrucción de las ciudades. La ciudad es ante todo espacio público, mezcla de poblaciones y actividades, sentimiento de posesión compartida de la ciudad en sus calles y plazas. La ciudad solamente con edificios, sean para vivir o para trabajar y con medios de transportes e infraestructuras, no es ciudad, es en el mejor de los casos una zona urbanizada. Un cuerpo sin alma, le falta la ciudadanía, es decir la dimensión pública, la expresión de la vida colectiva. Los ciudadanos se expresan en el espacio público, son “conciudadanos”, se es ciudadano en su relación los otros, iguales en derechos y deberes. La ciudad late a partir de su corazón , el centro, o sus centros en las grandes urbes. Es allí donde se concentran los flujos de las personas y de las ideas, las memorias colectivas y les puntos que transmiten sentido a la vivencia urbana. El centro irradia sobre la ciudad, de él emergen los ejes estructurantes que ordenan la ciudad. Los ciudadanos se posesionan de la ciudad ocupando su centro, o sus centros. Entonces cuando todos, o una gran masa que los representa, se hace presente en las plazas y calles del centro principal de la ciudad, cuando manifiestan ser un poder social que planta cara al poder político-institucional y al poder económico, entonces devienen plenamente ciudadanos. Y la ciudad es ciudad de ciudadanos, no una simple escenografía.
Hace menos de un mes que estaba en Ciudad Juárez. En algún momento dije, sin afán de menospreciar ni a la ciudad ni a sus habitantes, que “Ciudad Juárez” se podía calificar de “no ciudad”. Ahora añadiría que esta negatividad tiene remedio pero no parece que las fuerzas locales o nacionales se lo planteen. No pretendo analizar el impacto de la violencia sobre la vida urbana, suficientemente conocida. Además es obvio que la existencia de una muy débil, por no decir casi nula, estructura urbana no solo favorece la violencia, además tampoco facilita la generación de contrapoderes civiles. No es la sociedad la culpable, es la incapacidad de las instituciones políticas y económicas más potentes, mexicanas y estadounidenses, que han utilizado una ciudad-puente para que entren y salgan el ejército de reserva de mano de obra, un borde que se utiliza desde el otro lado de la frontera para lo que no quieren tenerlo en su casa, un campamento para los rechazados o para los inmigrantes mal pagados en las maquilas y marginados en los bordes del borde.
La ciudad es a penas perceptible. Una imagen impresionista se te aparece como los vestigios de una ciudad casi abandonada que se fue disolviendo a la vez que llegaban nómadas y marginales, más deshecha que hecha. Luego percibes elementos dispersos, como un campamento, en el que emergen proyectos de calle que son carreteras polvorientas rodeadas en algunos tramos con edificios de todos los tipos y edades. El centro real es el puente, la no ciudad es la sirvienta de la otra ciudad, una ciudad provinciana, El Paso, ruralizada y ocupada en gran parte por “chicanos”, con una zona central, comercial, con edificios nuevos, en bastantes casos por iniciativa de inversores de la fantasmal Ciudad Juárez (CJ). En ésta se adivina algo que fue centro, comercios venido a menos, algunos edificios administrativos, viviendas agazapadas, residuos de prostíbulos que tuvieron tiempos mejores. La gran mayoría del millón trescientos mil habitantes se desparraman por la no ciudad. Los “barrios cerrados” para las numerosas “clases medias”, en compartimentos-estanco, en muchos casos pegados los unos a los otros, pero sin mirarse. Barrios-gueto propios de los sectores populares, muchos migrantes de otros estados, más o menos marginales, unos más desconectados que otros de la indefinida trama urbana, a la intemperie, sin otra vida social que compartir la supervivencia diaria, el trabajo precario, el sicariado, las bandas, las trabajadoras de las maquilas, gentes de largas horas de transporte, de viviendas frágiles como sus vidas, hombres y mujeres del borde, de fallidas esperanzas al no conseguir pasar al otro lado de la frontera.
Y las operaciones aberrantes y surrealistas como las Riberas del Bravo y otros conjuntos de viviendas sociales. Unas 15 000 viviendas de pésima calidad, de 30 a 40m2 para familias con frecuencia numerosas. Más del 40% fueron abandonadas muy pronto. Una operación de vivienda social del Gobierno federal para trabajadores estables y con ahorros . En un páramo a más de 20 km de CJ, lejos de todo. Infonavit, el ente público promotor-financiador de estas operaciones, parece tener una vocación de pirómano, como si deseara convertir a los niños y adolescentes en un “sendero luminoso” de la periferia de la “no ciudad”. O más sencillo: ahí crecen las bandas juveniles violentas, sicarios para los narcotrafiantes o traficantes de órganos, matan a partir de los 15 años y mueren antes de los 25.
Hay otras operaciones también dignas de constar en el Guiness, pero finas, sofisticadas y cultas. Una gran Ciudad Universitaria (CU) en Ciudad Juárez. Una gran oportunidad. Perdida. Una iniciativa conjunta del Estado de Chihuahua que cede los predios a la Universidad de CJ en el año 2004. El apoyo del Gobierno federal y la implicación de las principales universidades del país convirtió una operación local en una iniciativa mucho más ambiciosa. Intervienen la UNAM, el Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, las Universidades del Estado de Chihuahua y de CJ, centros de investigación y de enseñanza media superior, etc. Se supone que en pocos años se concentrarán en la CU decenas de miles de estudiantes y algunos miles de profesores, investigadores y administrativos. Un aspecto positivo: los jóvenes de sectores populares que habitan en la zona sur del territorio de CJ tendrán un acceso a estos centros de estudio más asequible que si debieran ir a la zona norte donde hay los campus actuales. Pero no se trata de una cuestión escolar, sino de un interés más general que puede benificiar a todos. Se trata de estructurar un territorio sobre la base una ciudad mucho más compacta, con una oferta de equipamientos y servicios potente como corresponde a su población y a su economía y con un sistema de infraestructuras y transportes que permita ejercer el derecho a la movilidad en condiciones dignas.
La oportunidad la tenían delante de los ojos. CJ no tiene un área central, ni buena ni mala, no tiene nada. Hay espacios vacíos, edificios que claman el derribo o la rehabilitación, comercios a la deriva, habitantes que huyen a barrios cerrados, oficinas dispersas. La Ciudad universitaria hubiera creado ciudad: decenas de miles de universitarios, comercios y restaurantes, librerías y cafeterías, oficinas y despachos de profesionales, espacios de ocio y locales de espectáculos, gente en las calles y ambiente de mayor seguridad. No se trata de hacer una CU como la del DF, tangente a la ciudad. En este caso la CU de Juárez sería la ciudad real, lo que no es la actual CJ. Sobre esta base se generan ejes estructurantes de la ciudad que articulen los múltiples elementos dispersos y creen continuidades de actividad y residencia. Y gradualmente las murallas de los barrios cerrados caerán y los conjuntos sociales se rehabilitarán y se integrarán. Se demolerá Riberas del Bravo, así lo espero, y de paso se debería juzgar a los responsables de un disparate que debe considerarse criminal.
El caso de CU de Ciudad Juárez y de su ceguera ante la oportunidad perdida me lleva a una reflexión sobre México y sus elites políticas y económicas. La fuerza del narco y de la economia delictiva en general, la proliferación de bandas y contrabandas violentas y armadas y la corrupción pública y privada, formal e informal no son los causantes de la crisis sistémica del país. Son el resultado de un vacío de Estado, de una visión irresponsable de la nación por parte de las dirigencias políticas y económicas, de una gestión catastrófica de las políticas públicas y del afán acumulador a cualquier coste de políticos y empresarios, de multinacionales leoninas y de especuladores de todo. Es en este contexto que puede entenderse la ceguera de los responsables de promover la CU. No hay conciencia ni interés ni comprensión de la función humanizadora de la ciudad y de la necesidad de estructurar el territorio, condición fundamental para la integración social, la articulación económica y la gobernabilidad democrática. Es de lamentar que el valioso capital intelectual que se concentra en la Universidad de Ciudad Juárez no haya sabido reaccionar a tiempo.
Nota del autor: Agradezco la amistosa colaboración del profesor de la Universidad de CJ, Alfonso Luis Herrera, que me guió hace 6 años a Riberas del Bravo y nuevamente en febrero de este año. Así mismo me ha facilitado información sobre la CU. Pero las reflexiones críticas son exclusivas del autor y me temo que no coinciden del todo con mi estimado colega.
Publicado en www.ciudad.blog.edu.uoc. Marzo 2015
En un breve e interesante libro reciente Mike Davis, expone que “los latinos salvarán a la ciudad gringa” (es el título de la obra). Jane Jacobs, en su clásico sobre La vida y la muerte de las ciudades norteamericanas sentó las bases de la negación o autodestrucción de las ciudades. La ciudad es ante todo espacio público, mezcla de poblaciones y actividades, sentimiento de posesión compartida de la ciudad en sus calles y plazas. La ciudad solamente con edificios, sean para vivir o para trabajar y con medios de transportes e infraestructuras, no es ciudad, es en el mejor de los casos una zona urbanizada. Un cuerpo sin alma, le falta la ciudadanía, es decir la dimensión pública, la expresión de la vida colectiva. Los ciudadanos se expresan en el espacio público, son “conciudadanos”, se es ciudadano en su relación los otros, iguales en derechos y deberes. La ciudad late a partir de su corazón , el centro, o sus centros en las grandes urbes. Es allí donde se concentran los flujos de las personas y de las ideas, las memorias colectivas y les puntos que transmiten sentido a la vivencia urbana. El centro irradia sobre la ciudad, de él emergen los ejes estructurantes que ordenan la ciudad. Los ciudadanos se posesionan de la ciudad ocupando su centro, o sus centros. Entonces cuando todos, o una gran masa que los representa, se hace presente en las plazas y calles del centro principal de la ciudad, cuando manifiestan ser un poder social que planta cara al poder político-institucional y al poder económico, entonces devienen plenamente ciudadanos. Y la ciudad es ciudad de ciudadanos, no una simple escenografía.
Hace menos de un mes que estaba en Ciudad Juárez. En algún momento dije, sin afán de menospreciar ni a la ciudad ni a sus habitantes, que “Ciudad Juárez” se podía calificar de “no ciudad”. Ahora añadiría que esta negatividad tiene remedio pero no parece que las fuerzas locales o nacionales se lo planteen. No pretendo analizar el impacto de la violencia sobre la vida urbana, suficientemente conocida. Además es obvio que la existencia de una muy débil, por no decir casi nula, estructura urbana no solo favorece la violencia, además tampoco facilita la generación de contrapoderes civiles. No es la sociedad la culpable, es la incapacidad de las instituciones políticas y económicas más potentes, mexicanas y estadounidenses, que han utilizado una ciudad-puente para que entren y salgan el ejército de reserva de mano de obra, un borde que se utiliza desde el otro lado de la frontera para lo que no quieren tenerlo en su casa, un campamento para los rechazados o para los inmigrantes mal pagados en las maquilas y marginados en los bordes del borde.
La ciudad es a penas perceptible. Una imagen impresionista se te aparece como los vestigios de una ciudad casi abandonada que se fue disolviendo a la vez que llegaban nómadas y marginales, más deshecha que hecha. Luego percibes elementos dispersos, como un campamento, en el que emergen proyectos de calle que son carreteras polvorientas rodeadas en algunos tramos con edificios de todos los tipos y edades. El centro real es el puente, la no ciudad es la sirvienta de la otra ciudad, una ciudad provinciana, El Paso, ruralizada y ocupada en gran parte por “chicanos”, con una zona central, comercial, con edificios nuevos, en bastantes casos por iniciativa de inversores de la fantasmal Ciudad Juárez (CJ). En ésta se adivina algo que fue centro, comercios venido a menos, algunos edificios administrativos, viviendas agazapadas, residuos de prostíbulos que tuvieron tiempos mejores. La gran mayoría del millón trescientos mil habitantes se desparraman por la no ciudad. Los “barrios cerrados” para las numerosas “clases medias”, en compartimentos-estanco, en muchos casos pegados los unos a los otros, pero sin mirarse. Barrios-gueto propios de los sectores populares, muchos migrantes de otros estados, más o menos marginales, unos más desconectados que otros de la indefinida trama urbana, a la intemperie, sin otra vida social que compartir la supervivencia diaria, el trabajo precario, el sicariado, las bandas, las trabajadoras de las maquilas, gentes de largas horas de transporte, de viviendas frágiles como sus vidas, hombres y mujeres del borde, de fallidas esperanzas al no conseguir pasar al otro lado de la frontera.
Y las operaciones aberrantes y surrealistas como las Riberas del Bravo y otros conjuntos de viviendas sociales. Unas 15 000 viviendas de pésima calidad, de 30 a 40m2 para familias con frecuencia numerosas. Más del 40% fueron abandonadas muy pronto. Una operación de vivienda social del Gobierno federal para trabajadores estables y con ahorros . En un páramo a más de 20 km de CJ, lejos de todo. Infonavit, el ente público promotor-financiador de estas operaciones, parece tener una vocación de pirómano, como si deseara convertir a los niños y adolescentes en un “sendero luminoso” de la periferia de la “no ciudad”. O más sencillo: ahí crecen las bandas juveniles violentas, sicarios para los narcotrafiantes o traficantes de órganos, matan a partir de los 15 años y mueren antes de los 25.
Hay otras operaciones también dignas de constar en el Guiness, pero finas, sofisticadas y cultas. Una gran Ciudad Universitaria (CU) en Ciudad Juárez. Una gran oportunidad. Perdida. Una iniciativa conjunta del Estado de Chihuahua que cede los predios a la Universidad de CJ en el año 2004. El apoyo del Gobierno federal y la implicación de las principales universidades del país convirtió una operación local en una iniciativa mucho más ambiciosa. Intervienen la UNAM, el Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, las Universidades del Estado de Chihuahua y de CJ, centros de investigación y de enseñanza media superior, etc. Se supone que en pocos años se concentrarán en la CU decenas de miles de estudiantes y algunos miles de profesores, investigadores y administrativos. Un aspecto positivo: los jóvenes de sectores populares que habitan en la zona sur del territorio de CJ tendrán un acceso a estos centros de estudio más asequible que si debieran ir a la zona norte donde hay los campus actuales. Pero no se trata de una cuestión escolar, sino de un interés más general que puede benificiar a todos. Se trata de estructurar un territorio sobre la base una ciudad mucho más compacta, con una oferta de equipamientos y servicios potente como corresponde a su población y a su economía y con un sistema de infraestructuras y transportes que permita ejercer el derecho a la movilidad en condiciones dignas.
La oportunidad la tenían delante de los ojos. CJ no tiene un área central, ni buena ni mala, no tiene nada. Hay espacios vacíos, edificios que claman el derribo o la rehabilitación, comercios a la deriva, habitantes que huyen a barrios cerrados, oficinas dispersas. La Ciudad universitaria hubiera creado ciudad: decenas de miles de universitarios, comercios y restaurantes, librerías y cafeterías, oficinas y despachos de profesionales, espacios de ocio y locales de espectáculos, gente en las calles y ambiente de mayor seguridad. No se trata de hacer una CU como la del DF, tangente a la ciudad. En este caso la CU de Juárez sería la ciudad real, lo que no es la actual CJ. Sobre esta base se generan ejes estructurantes de la ciudad que articulen los múltiples elementos dispersos y creen continuidades de actividad y residencia. Y gradualmente las murallas de los barrios cerrados caerán y los conjuntos sociales se rehabilitarán y se integrarán. Se demolerá Riberas del Bravo, así lo espero, y de paso se debería juzgar a los responsables de un disparate que debe considerarse criminal.
El caso de CU de Ciudad Juárez y de su ceguera ante la oportunidad perdida me lleva a una reflexión sobre México y sus elites políticas y económicas. La fuerza del narco y de la economia delictiva en general, la proliferación de bandas y contrabandas violentas y armadas y la corrupción pública y privada, formal e informal no son los causantes de la crisis sistémica del país. Son el resultado de un vacío de Estado, de una visión irresponsable de la nación por parte de las dirigencias políticas y económicas, de una gestión catastrófica de las políticas públicas y del afán acumulador a cualquier coste de políticos y empresarios, de multinacionales leoninas y de especuladores de todo. Es en este contexto que puede entenderse la ceguera de los responsables de promover la CU. No hay conciencia ni interés ni comprensión de la función humanizadora de la ciudad y de la necesidad de estructurar el territorio, condición fundamental para la integración social, la articulación económica y la gobernabilidad democrática. Es de lamentar que el valioso capital intelectual que se concentra en la Universidad de Ciudad Juárez no haya sabido reaccionar a tiempo.
Nota del autor: Agradezco la amistosa colaboración del profesor de la Universidad de CJ, Alfonso Luis Herrera, que me guió hace 6 años a Riberas del Bravo y nuevamente en febrero de este año. Así mismo me ha facilitado información sobre la CU. Pero las reflexiones críticas son exclusivas del autor y me temo que no coinciden del todo con mi estimado colega.
miércoles, 11 de febrero de 2015
Criminalidad y precios del suelo.
ALEJANDRO REBOSSIO. EL PAÍS, 11/02/2015. La lucha por la tierra se libra en las ciudades latinoamericanas
En el suelo que hasta ahora solo interesaba a los pobres hay hoy especulación que expulsa de sus casas a quienes allí viven.
Parecía Gaza… y me puse a llorar. No entiendo nada. A esa gente, a esas mamás con chicos, los acaricio con mis lágrimas”, escribía el pasado agosto el papa Francisco a un amigo concejal de Buenos Aires después de que tres fuerzas policiales desalojaran con topadoras a unas 500 familias que se habían instalado en un terreno baldío bautizado por sus ocupantes con el nombre del pontífice argentino. “Parece que la crueldad se nos instaló en el corazón. Una crueldad vestida con tantos ropajes: qué me importa, que vayan a trabajar, es gente insociable… palabras que no justifican, sino que manifiestan tanta crueldad”, agregaba Francisco después de la represión conjunta de los uniformados que responden tanto al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como al alcalde porteño, Mauricio Macri, candidato presidencial conservador para las elecciones del próximo octubre.
Buenos Aires camina a paso lento hacia la urbanización de sus chabolasLa otra cara del mundialEl cine entre chabolas de la hija KirchnerLas favelas de Río se unen pacíficamente a la protesta"EN Madrid hay favelas aunque no las llamen así"Aquel desalojo no es el único que pone de manifiesto que la lucha por la tierra en Latinoamérica no se circunscribe a la de los campesinos e indígenas contra medianos o grandes terratenientes o multinacionales de las materias primas. También ocurre en las urbes. América Latina no es solo el rincón más desigual del mundo, con un tercio de la población en la pobreza, sino que además es la segunda región más urbanizada del planeta, con casi un 80% de sus habitantes residiendo en ciudades. Aunque las cifras han mejorado en este siglo, aún un tercio de los latinoamericanos mora en viviendas precarias, y una minoría en la calle. Un cuarto reside en favelas,villas de emergencia, asentamientos irregulares o como se llame en cada país a los barrios de chabolas.“Para los campesinos, es la lucha por la tierra. Para nosotros, es por el suelo urbano con servicios, con espacio urbano”, explica el arquitecto Raúl Fernández Wagner, profesor de la Universidad de General Sarmiento, en la periferia pobre de Buenos Aires. Fernández Wagner integra, además, el colectivo de organizaciones sociales y docentes universitarios Habitar Argentina que en 2013 logró una ley para regular, en la provincia de Buenos Aires, el uso de la tierra de barrios cerrados, esas urbanizaciones para las clases altas y medias altas que se han expandido desde los 90 por toda Latinoamérica, incluso en ciudades medianas, y que han encarecido tierras periféricas a las que antes accedían los pobres. La gente necesita dónde vivir y si no tiene acceso a casas, se va a asentamientos informales, donde no tiene servicios de electricidad, agua potable, cloacas, y entonces trata de sobrevivir conectándose como puede”, expone la relatora especial de ONU Hábitat Leilani Farha. “No es sorprendente que haya conflictos en este contexto. En la ciudad, los pobres no pueden comprar nada porque no hay nada disponible para sus ingresos, por la especulación inmobiliaria, por la falta de políticas de tierra y porque los gobiernos, a veces, venden las mejores tierras para desarrollos inmobiliarios. La gente no puede sobrevivir sin casa, es un derecho humano y hay que enfocar el asunto desde esa perspectiva, dar la seguridad a la tenencia. Los pobres van a las peores tierras, que son fiscales o de algún dueño, y pelean por la regularización del dominio. A veces, terminan desalojados por policías, militares o agentes privados y entonces se van a otros asentamientos informales”, describe Farha desde su oficina en Ottawa.En los últimos meses, pobladores pobres de algunos municipios del Gran Buenos Aires (periferia), como los de La Matanza, Esteban Echeverría, Moreno y Florencio Varela, se han organizado para montar piquetes en calles o carreteras para reclamar por tierras o por la regularización de su dominio, según cuenta la presidenta de la organización social Madre Tierra, Ana Pastor. El mismo día de la entrevista, ella daba cuenta de un desalojo en La Matanza. “Los hay que no son necesariamente violentos”, aclara.Un tercio de los latinoamericanos reside en viviendas precariasTambién hay tomas de tierras en Buenos Aires, como las de la villa Papa Francisco, y en los suburbios, aunque ya no son organizadas por movimientos populares como en los 80, sino que en las últimas tres décadas opera un mercado informal de tierras donde algunos listos venden o alquilan terrenos fiscales o abandonados por sus dueños, según la líder de Madre Tierra. “El Gran Buenos Aires, Moreno y Merlo son los municipios que tienen más tierras y, por tanto, más posibilidad de tomas. En Merlo solo se toma lo que el municipio autoriza, y en Moreno hay tomas organizadas por gente de la droga,policías, políticos locales, y después media el municipio. Es decir, hay piratas que no son grandes poderosos, pero son usados por otros sectores de poder, muchas veces armados”, describe Pastor.“Lo de Buenos Aires se repite en muchas partes de Latinoamérica”, comenta la presidenta de Habitat International Coalition (HIC), Lorena Zárate, desde la ciudad de México. “Hay ocupaciones de tierras en la periferia o en edificios, por ejemplo, en São Paulo. Organizadas, no por familias sino por movimientos de lucha por acceso a la vivienda. Pero también hay un mercado informal en el que la gente termina pagando dos o tres veces por la tierra, con procesos de extorsión, muchas veces contra gente migrante sin apoyo en la ciudad. Ya no hay tomas masivas como en 60 y 70, en parte porque ya no hay tanta migración del campo a la ciudad sino dentro de la ciudad o entre ciudades”, cuenta Zárate.¿Cómo responden los gobiernos ante tanta necesidad? Los expertos consideran que el déficit no se resuelve si se lo deja en manos de un mercado urbano en el que la tierra es escasísima, la especulación abunda, el crédito falta entre los más pobres y se necesitan cada vez más salarios para comprar una vivienda. Farha, de ONU Hábitat, ensaya una respuesta: “México intentó fomentar el acceso a la vivienda con crédito, pero para ello entregó tierras muy lejanas de los centros urbanos y de los trabajos, con mal transporte, sin buenos servicios. Ahora el Gobierno (de Enrique Peña Nieto) cambió el enfoque y quiere detener la extensión urbana. Hubo muchos programas en Brasil y Colombia para mejorar la calidad de los barrios, y tuvieron buenos resultados. Ecuador y Venezuela también tienen planes de vivienda. Cada país ha probado programas, muchos sin éxito”.“La gente necesita dónde vivir y si no tiene acceso a casas, se va a asentamientos informalesLeilani Farha, relatora especial de ONU HábitatZárate reconoce que en Brasil, Argentina, Chile o México se construyeron millones de viviendas, “pero con problemas de localización porque exigen de la persona mucho gasto de transporte para ir a trabajar, porque faltan centros de salud, recreativos, culturales, o hay escuelas con malos maestros, o porque las casas son de mala calidad o se hicieron en basureros o sobre acuíferos”. La líder de HIC destaca que en Uruguay siguen existiendo, como en los 70, los bancos de tierras e inmuebles ociosos y que laFederación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua haya replicado su tarea por el acceso a la propiedad colectiva. El modelo de esta federación se procura replicar en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Paraguay o Bolivia. Zárate elogia la planificación urbana en Brasil que lleva que muchas ciudades dispongan de tierra para viviendas sociales y equipamiento comunitario. Destaca que Colombia también cuente con una legislación en ese sentido, aunque advierte que falta más implementación, a la vez que pone sus esperanzas en la nueva ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires.
En el suelo que hasta ahora solo interesaba a los pobres hay hoy especulación que expulsa de sus casas a quienes allí viven.
Parecía Gaza… y me puse a llorar. No entiendo nada. A esa gente, a esas mamás con chicos, los acaricio con mis lágrimas”, escribía el pasado agosto el papa Francisco a un amigo concejal de Buenos Aires después de que tres fuerzas policiales desalojaran con topadoras a unas 500 familias que se habían instalado en un terreno baldío bautizado por sus ocupantes con el nombre del pontífice argentino. “Parece que la crueldad se nos instaló en el corazón. Una crueldad vestida con tantos ropajes: qué me importa, que vayan a trabajar, es gente insociable… palabras que no justifican, sino que manifiestan tanta crueldad”, agregaba Francisco después de la represión conjunta de los uniformados que responden tanto al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como al alcalde porteño, Mauricio Macri, candidato presidencial conservador para las elecciones del próximo octubre.
Buenos Aires camina a paso lento hacia la urbanización de sus chabolasLa otra cara del mundialEl cine entre chabolas de la hija KirchnerLas favelas de Río se unen pacíficamente a la protesta"EN Madrid hay favelas aunque no las llamen así"Aquel desalojo no es el único que pone de manifiesto que la lucha por la tierra en Latinoamérica no se circunscribe a la de los campesinos e indígenas contra medianos o grandes terratenientes o multinacionales de las materias primas. También ocurre en las urbes. América Latina no es solo el rincón más desigual del mundo, con un tercio de la población en la pobreza, sino que además es la segunda región más urbanizada del planeta, con casi un 80% de sus habitantes residiendo en ciudades. Aunque las cifras han mejorado en este siglo, aún un tercio de los latinoamericanos mora en viviendas precarias, y una minoría en la calle. Un cuarto reside en favelas,villas de emergencia, asentamientos irregulares o como se llame en cada país a los barrios de chabolas.“Para los campesinos, es la lucha por la tierra. Para nosotros, es por el suelo urbano con servicios, con espacio urbano”, explica el arquitecto Raúl Fernández Wagner, profesor de la Universidad de General Sarmiento, en la periferia pobre de Buenos Aires. Fernández Wagner integra, además, el colectivo de organizaciones sociales y docentes universitarios Habitar Argentina que en 2013 logró una ley para regular, en la provincia de Buenos Aires, el uso de la tierra de barrios cerrados, esas urbanizaciones para las clases altas y medias altas que se han expandido desde los 90 por toda Latinoamérica, incluso en ciudades medianas, y que han encarecido tierras periféricas a las que antes accedían los pobres. La gente necesita dónde vivir y si no tiene acceso a casas, se va a asentamientos informales, donde no tiene servicios de electricidad, agua potable, cloacas, y entonces trata de sobrevivir conectándose como puede”, expone la relatora especial de ONU Hábitat Leilani Farha. “No es sorprendente que haya conflictos en este contexto. En la ciudad, los pobres no pueden comprar nada porque no hay nada disponible para sus ingresos, por la especulación inmobiliaria, por la falta de políticas de tierra y porque los gobiernos, a veces, venden las mejores tierras para desarrollos inmobiliarios. La gente no puede sobrevivir sin casa, es un derecho humano y hay que enfocar el asunto desde esa perspectiva, dar la seguridad a la tenencia. Los pobres van a las peores tierras, que son fiscales o de algún dueño, y pelean por la regularización del dominio. A veces, terminan desalojados por policías, militares o agentes privados y entonces se van a otros asentamientos informales”, describe Farha desde su oficina en Ottawa.En los últimos meses, pobladores pobres de algunos municipios del Gran Buenos Aires (periferia), como los de La Matanza, Esteban Echeverría, Moreno y Florencio Varela, se han organizado para montar piquetes en calles o carreteras para reclamar por tierras o por la regularización de su dominio, según cuenta la presidenta de la organización social Madre Tierra, Ana Pastor. El mismo día de la entrevista, ella daba cuenta de un desalojo en La Matanza. “Los hay que no son necesariamente violentos”, aclara.Un tercio de los latinoamericanos reside en viviendas precariasTambién hay tomas de tierras en Buenos Aires, como las de la villa Papa Francisco, y en los suburbios, aunque ya no son organizadas por movimientos populares como en los 80, sino que en las últimas tres décadas opera un mercado informal de tierras donde algunos listos venden o alquilan terrenos fiscales o abandonados por sus dueños, según la líder de Madre Tierra. “El Gran Buenos Aires, Moreno y Merlo son los municipios que tienen más tierras y, por tanto, más posibilidad de tomas. En Merlo solo se toma lo que el municipio autoriza, y en Moreno hay tomas organizadas por gente de la droga,policías, políticos locales, y después media el municipio. Es decir, hay piratas que no son grandes poderosos, pero son usados por otros sectores de poder, muchas veces armados”, describe Pastor.“Lo de Buenos Aires se repite en muchas partes de Latinoamérica”, comenta la presidenta de Habitat International Coalition (HIC), Lorena Zárate, desde la ciudad de México. “Hay ocupaciones de tierras en la periferia o en edificios, por ejemplo, en São Paulo. Organizadas, no por familias sino por movimientos de lucha por acceso a la vivienda. Pero también hay un mercado informal en el que la gente termina pagando dos o tres veces por la tierra, con procesos de extorsión, muchas veces contra gente migrante sin apoyo en la ciudad. Ya no hay tomas masivas como en 60 y 70, en parte porque ya no hay tanta migración del campo a la ciudad sino dentro de la ciudad o entre ciudades”, cuenta Zárate.¿Cómo responden los gobiernos ante tanta necesidad? Los expertos consideran que el déficit no se resuelve si se lo deja en manos de un mercado urbano en el que la tierra es escasísima, la especulación abunda, el crédito falta entre los más pobres y se necesitan cada vez más salarios para comprar una vivienda. Farha, de ONU Hábitat, ensaya una respuesta: “México intentó fomentar el acceso a la vivienda con crédito, pero para ello entregó tierras muy lejanas de los centros urbanos y de los trabajos, con mal transporte, sin buenos servicios. Ahora el Gobierno (de Enrique Peña Nieto) cambió el enfoque y quiere detener la extensión urbana. Hubo muchos programas en Brasil y Colombia para mejorar la calidad de los barrios, y tuvieron buenos resultados. Ecuador y Venezuela también tienen planes de vivienda. Cada país ha probado programas, muchos sin éxito”.“La gente necesita dónde vivir y si no tiene acceso a casas, se va a asentamientos informalesLeilani Farha, relatora especial de ONU HábitatZárate reconoce que en Brasil, Argentina, Chile o México se construyeron millones de viviendas, “pero con problemas de localización porque exigen de la persona mucho gasto de transporte para ir a trabajar, porque faltan centros de salud, recreativos, culturales, o hay escuelas con malos maestros, o porque las casas son de mala calidad o se hicieron en basureros o sobre acuíferos”. La líder de HIC destaca que en Uruguay siguen existiendo, como en los 70, los bancos de tierras e inmuebles ociosos y que laFederación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua haya replicado su tarea por el acceso a la propiedad colectiva. El modelo de esta federación se procura replicar en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Paraguay o Bolivia. Zárate elogia la planificación urbana en Brasil que lleva que muchas ciudades dispongan de tierra para viviendas sociales y equipamiento comunitario. Destaca que Colombia también cuente con una legislación en ese sentido, aunque advierte que falta más implementación, a la vez que pone sus esperanzas en la nueva ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires.
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jueves, 22 de enero de 2015
Precios del suelo y configuración de rentas urbanas.Rev. Café de las Ciudades 146/147
http://cafedelasciudades.com.ar/economia_146.html
Edgardo Contreras Nossa publica en la revista digital CAFÉ DE LAS CIUDADES n* 146/147 un artículo titulado La formación de precios de suelo y la configuración de las rentas urbanas. urbana.
www.cafedelasciudades.com.ar/economia_146
Edgardo Contreras Nossa publica en la revista digital CAFÉ DE LAS CIUDADES n* 146/147 un artículo titulado La formación de precios de suelo y la configuración de las rentas urbanas. urbana.
www.cafedelasciudades.com.ar/economia_146
lunes, 15 de diciembre de 2014
Espacio público y cambio político
Espacio público y cambio político http://t.co/ZwxJfuSCVj por Jordi Borja (2013)
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LA CIUDAD SEGREGADA
LA CIUDAD SEGREGADA.
Las
relaciones de todos los actores que componen la sociedad tienen una plasmación
espacial que para los profanos en al materia escapan a su mirada. Sin embargo,
esas relaciones fruto de la interacción social
son evidentes para la mirada de un geógrafo, de un criminólogo, de un
sociólogo por citar algunas. La ciudad como constructo temporal evidencia la
transformación de esas relaciones entre los individuos y más allá de estos con
el espacio en que viven.
Entender en esa perspectiva que la criminalidad es a la vez consecuencia y causante de
estructuras sociales, económicas, psicológicas que se plasman en la
construcción y vivencia del espacio geográfico urbano es una de las tareas de
la geografía del crimen o de las geografías securitarias como las denomina
HERNANDO SANZ, pero lo es también la propuesta de medidas para cambiar
los escenarios, las dinámicas de la
sociedad de tal modo que se pongan en concierto todos los actores implicados en
la garantía de la seguridad ciudadana como uno de los pilares de las sociedades modernas puesto que en última instancia se
trata de garantizar al ciudadano la seguridad y más allá, la libertad.
Pues
bien, como la sociedad evoluciona también lo hace el fenómeno urbano. Y es el
análisis de esa evolución y de sus consecuencias lo que sirve de base para
afrontar la problemática criminal y establecer estrategias que superen sus
aspectos negativos. Podríamos fijar nuestra atención en muchos aspectos del fenómeno
urbano, sin embargo, me voy a centrar solo en aquéllos que afectan a cuestiones
como la segregación urbana, la parcelación de los espacios, las zonificaciones
de los usos del suelo, la dicotomía entre lo público y lo privado y, más allá,
en la falta de cohesión social y el aumento del individualismo. Así se puede
también entender si las respuestas de las diferentes administraciones al
fenómeno criminal es, más que positivo, coherente y en esa medida, acertada.
EL INDIVIDUO Y LA COMUNIDAD.
Las
personas y los grupos en que se integran interactúan entre sí y con el espacio
que les rodea estableciendo relaciones, vivencias que pautan sus
comportamientos. Un barrio de una ciudad cualquiera es un trasunto identitario
de los habitantes que lo integran y les dota de una cierta identidad colectiva
que a menudo les diferencia de otros barrios de esa misma ciudad. El modo en
que se relacionan y el grado de cohesión vecinal, la vivencia de sus espacios
públicos o privados y de las problemáticas que le son propias condicionan su
percepción de la realidad que les rodea y marcan por ello su vivencia diaria,
la imagen que se construyen del espacio en que desarrollan sus vidas.
En gran medida los diferentes indicadores
sociodemográficos explican y/o condicionan (los usos, los equipamientos, la
falta de cohesión social) el fenómeno de la criminalidad o de la violencia en
determinados lugares o entornos, el
potencial comportamiento incívico. Y aquí entra el problema de las escalas en
el análisis de la realidad. AVENDAÑO FLORES que menciona tres escalas referidas a aspectos
vivenciales de los individuos: la escala inmediata, la vecinal y la local.
BAILLY y BEGUIN los llaman “caparazones
entre el yo y el mundo”.
La escala inmediata,
la del individuo y su familia que se confina en su casa, en su domicilio como
espacio seguro, de ahí que se hable de auténticas cárceles preventivas en que
la vida urbana se ha volcado al interior y que lleva a una atomización de la
vida social y por contrapartida una disminución de la interacción social y en
definitiva la difuminación de la cohesión social. Sus signos externos son las
rejas, las murallas, las alarmas, los perros, las alambradas, los guardas de
seguridad de los inmuebles, etc…, incluso se puede hablar de fachadas con un
denominador común: el encierro. Lo cierto es que esa es una realidad que llega
a ser visible en áreas urbanas y periurbanas, incluso rurales.
La escala vecinal
la sitúan en el ámbito de la cohesión social ya que en la medida en que la
vivencia vecinal o comunal, como la llaman los autores latinoamericanos, se
deteriora causal y consecuentemente disminuyen los lazos que vinculan a los
individuos entre sí como comunidad y
hacen que, en definitiva, los problemas relacionados con la criminalidad no
sean enfrentados desde ésta como sería lo deseable ya que las estrategias de
promoción y de resolución de conflictos que no se asienten en un entendimiento
de que la seguridad, la paz social en definitiva, no puede continuar siendo
como hasta ahora una estrategia superpuesta a la sociedad sino que esté
permeada por ella para que de una parte los individuos y los grupos en que se
integran y de otra la actuación de las diferentes administraciones implicadas a
diferentes niveles, sea posible que las estrategias que se adopten resulten
útiles a la sociedad. Por ello, se impone superar el modelo reactivo policial
tradicional por otro preventivo en que desde una perspectiva complementaria,
transversal e interdisciplinar todos los actores implicados sean protagonistas.
En este sentido, la potenciación de los espacios de
reunión vecinal o de la seguridad en su zona de tránsito suponen pequeños hitos
en la consecución de esos objetivos securitarios y es precisamente en esa
perspectiva que se incardinan teorías como las del CPTED, que ya traté en otros
post.
En la escala local se
sitúan los problemas que afectan a todo el espacio urbano. Se establece o se
constata una zonificación de la ciudad que en la mayoría de los casos es
invisible como describía al comienzo del artículo. Las distintas circunstancias
socioeconómicas de los habitantes de ciertas zonas o barrios de nuestras
ciudades determinan que otros ciudadanos perciban esas zonas como áreas
peligrosas, áreas de exclusión social y por ende áreas en que los fenómenos de
marginalidad y delincuencia son más comunes de tal forma que a menudo ciertas
calles constituyen verdaderas fronteras invisibles que en el imaginario
colectivo de una ciudad sus vecinos reconocen y que por ello marcan pautas de
comportamiento diario que derivan en agravamiento de problemas de exclusión
social o marginalidad, convirtiéndose como venimos observando en causa y en
consecuencia de los procesos excluyentes de los individuos, de sus grupos y de
los espacios que habita y transita.
En
muchos casos la administración pública realiza una política de inversión y
mantenimiento de espacios públicos y de dotación de equipamiento urbano que
obvia estas realidades descritas y que de no revertirse desembocan en un
proceso de degradación urbana y por ende social que hacen que la percepción de
sus habitantes y de los ciudadanos de otros barrios en general sea de un
espacio degradado social y físicamente.
De ese modo la ciudad se convierte en una suerte de
islas más o menos conectadas pero con “fronteras” invisibles en que los usos de
los diferentes espacios, las dotaciones de infraestructuras, la titularidad de
los espacios y aún la privatización de los públicos hacen que la vivencia de
los espacios urbanos derive hacia una suerte de privatización como es el caso
de los parques públicos vallados y/o vigilados o de los centros comerciales
donde desarrollamos parte de nuestra convivencia social como meros
consumidores: de ocio, de artículos, etc…
“La relación de la
delincuencia
con las grandes
concentraciones urbanas
es muy superior a la que se pudiera relacionar
a la emigración”.(3)
VALERO ESCANDEL,
J.R., La Ciudad y el miedo. VII Coloquio de Geografía Urbana. 2004. Universidad
de Girona.
Los
barrios residenciales cerrados sobre sí mismos constituyen a menudo un fuerte
contraste con aquellos espacios, con aquellos barrios en que crece la
inseguridad, la exclusión y el deterioro. Así, la ciudad se convierte en una
suerte de espacios a los que no podemos acceder libremente o al menos aún
siendo espacios abiertos el nivel adquisitivo e los individuos no les permite acceder
a determinados lugares. Espacios teselados en que las diferencias se basan en
las disparidades de dotación de
servicios públicos, espacios más o menos accesibles, más o menos peligrosos.
Ello muchas veces determina que determinados ciudadanos con rentas bajas solo
puedan acceder a viviendas de un determinado valor, lo que acaba constituyendo
guettos en que los procesos de degradación se retroalimentan. Según la Comisión
Técnica de Seguridad Urbana de Barcelona “el nivel de seguridad que los vecinos
de la ciudad atribuyen a su barrio de residencia remite a algo más que al miedo
al delito, es un barómetro de calidad de vida del territorio y de la cohesión
social de la ciudad”.
Es
más, se habla de la distribución diferencial por barrios del riesgo real y del
riesgo percibido. En general, todos los estudios hablan de un incremento de la
percepción subjetiva de inseguridad y en ello tienen que ver tanto las
estadísticas reales de delitos como el aumento de la población inmigrante, la
desconexión creciente entre los centros de trabajo, residencia y ocio que hacen
se resienta la cohesión social y se deterioren las relaciones comunitarias.
Revista METRÓPOLIS. Invierno 2010. Nº.: 77.
Barcelona. Número dedicado a la Ciudad del Miedo.
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viernes, 28 de noviembre de 2014
DESARTICULACIÓN SOCIAL Y CRIMEN ORGANIZADO. El caso mexicano.
DESARTICULACIÓN SOCIAL Y CRIMEN ORGANIZADO. El
caso mexicano.
MANUEL VERA
Recientemente han saltado a la palestra los hechos ocurridos
en la ciudad mexicana del estado de Guerrero, Iguala. La desaparición y el
asesinato de estudiantes pertenecientes al colectivo social "normalista", uno de
los más combativos de México ha salido a la luz por la naturaleza de los hechos
y por la forma en que estos se produjeron
y la estrecha relación entre el crimen organizado y las autoridades locales de esta zona de
México.
Analizar
aisladamente los hechos de la localidad de Iguala como un simple episodio
violento de los diferentes cárteles dedicados al tráfico de drogas en la zona
es obviar cuál es el problema de fondo que subyace en hechos como este. Más aún
si cabe, cuando durante la búsqueda de los estudiantes desaparecidos se han
localizado fosas comunes con cadáveres que nadie conoce, cuando con el devenir
de los días el grito de indignación de la sociedad mexicana se ha hecho un
clamor por el territorio de México. Dejan entrever estos hechos que lejos de
tratarse de hechos puntuales se trata, cuando menos, de episodios que episodios
que se repiten a lo largo del tiempo y de la geografía nacional.
Sin embargo,
cuando planteamos la pregunta que se hacía Guillermo TREJO (EL PAÍS, 16/10/14)
de si “el principal negocio del crimen organizado en México es el tráfico de
drogas hacia los EEUU, ¿por qué asesinar estudiantes que no tienen ninguna
relación con el negocio? Ahí es cuando enfrentamos que quizás estos sucesos
violentos obedezcan a razones que van más allá de lo que en un principio
pudiera parecer ajustes de cuentas, por ejemplo.
En este marco
de violencia de los diferentes cárteles de la droga, del ejército en su lucha
contra éstos, de la corrupción política, policial y de los funcionarios públicos es en el que se
desarrolla la verdadera guerra soterrada entre el crimen organizado, el estado
y los diferentes movimientos sociales, y es también en ese marco en el que hay
que entender el surgimiento espontáneo de los llamados grupos de autodefensas
que han venido a suplir desde la sociedad civil ciertas ausencias en lo
relativo a la seguridad de la población de las áreas afectadas.
1.- ANÁLISIS DEL PROBLEMA.
Desde largo tiempo los grupos criminales que controlan el
tráfico de drogas hacia EEUU han permeado la estructura del poder en aquellos ámbitos en que el
control era más difícil por parte del gobierno federal, esto es, en el ámbito
local. Y se han infiltrado en la política, en la judicatura, en la policía, en
las cárceles. De tal suerte que el crimen organizado ha ampliado su tradicional
campo de acción hacia la toma del “poder local, apoderándose de los municipios
y sus recursos y extraer la riqueza local a través de la tributación forzada”.
Guillermo TREJO. EL PAÍS 16/10/14.
Según este
autor, se ha desarrollado una suerte de industria extractiva de los recursos
naturales en forma de sustracción de gasolina, gas, etc… y de la riqueza humana
mediante la extorsión y el secuestro. Así, concluye, que estos grupos criminales
encontraron un nuevo botín: el municipio y sus contribuyentes. (1)
El soborno, la
coerción, la corrupción de policias, de jueces, de funcionarios y de políticos
conseguía en un largo proceso afianzar su influencia en los órganos locales de
poder hasta el punto de llegar a postular sus propios candidatos títeres como
parece que fue el caso del alcalde de Iguala y de su esposa, como también el de
otros alcaldes que a resultas de los últimos sucesos en la zona han sido
detenidos.
En este escenario,
el papel de la policía y los jueces corruptos es clave para entender un hecho
clave que hace que esta toma soterrada del poder sea efectiva: la impunidad.
No se entiende de otra forma que como sucedió en Iguala el
alcalde o su secretario de seguridad o el jefe de policía ordenaran los
disparos en contra de los estudiantes y entregaran a los detenidos a los
sicarios de los Caballeros Templarios para que dispusieran de ellos como
finalmente ocurrió: con su muerte.
De hecho, esas
muertes, esas desapariciones parecían venir a corroborar la toma del poder
local, de la voluntad de sus representantes por parte del crimen organizado que
de esta forma quería enviar un mensaje claro e inequívoco a los diferentes
movimientos sociales implicados en distintos procesos de articulación social
para que desistan en sus acciones mediante la extensión del crimen, el terror y
el miedo. Y precisamente, la masacre de Iguala se debe a una acción premeditada
y a una estrategia de desarticulación social y de extensión del miedo entre la
población y aquellos funcionarios y políticos que no se dobleguen.
Precisamente en
la zona donde han ocurrido esos tristes sucesos existe una fuerte organización social
y comunitaria que constituye colectivos sociales que en cierta medida estructuran
la sociedad en determinadas escala: en la de las personas, no así, por lo que
se ve, en las instituciones.
2. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.
A poco que se piense en lo sucedido en la localidad de
Iguala surge una pregunta cuya respuesta nos dará la clave de lo ocurrido y el
trasfondo de la guerra larvada y ya declarada entre la sociedad civil
(población, estado, policía, judicatura) y los grupos de crimen organizado.
En este caso
concreto, ¿quiénes son “los estudiantes normalistas de Ayotzinapa? ¿Qué ha
ocurrido en lugares como Aguas Blancas o El Charco? ¿Por qué han surgido
movimientos sociales como las denominadas autodefensas? Y volviendo a la
pregunta que se hace Guillermo TREJO en su artículo (EL PAÍS, 16/10/14) ¿Por
qué asesinar estudiantes que no tienen ninguna vinculación con el negocio
criminal?
Las razones son
diversas. Pero en esas zonas tan
castigadas por el crimen y por las cuales pasa la mayoría del tráfico de drogas
y personas hacia EEUU (2) se ha instalado ese mal difuso y casi omnipresente:
la impunidad (3).
Desde antiguo
la guerra sucia del estado priista contra los grupos guerrilleros y los
estudiantes disidentes ya en los años setenta del pasado siglo alcanzó en el
caso del estado de Guerrero niveles similares a la guerra sucia de Argentina o
Chile. Aquéllos movimientos quedaron impunes y el germen violento de entonces
ha trocado en el devenir de los años en una violencia generalizada que amenaza
a la población y, más allá, en las bases del propio estado y de la cohesión
social.
3. LAS RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD.
De un lado han surgido respuestas desde la población azotada
por esta guerra: los movimientos sociales, la organización de asociaciones
estudiantiles, civiles al fin, como la de los estudiantes normalistas de
Ayotzinapa que son una respuesta de la sociedad para autovertebrarse y luchar,
erigidos en interlocutor de amplios sectores de la sociedad coaccionada local
contra el crimen organizado, contra la corrupción del poder a diferentes
escalas. Estos movimientos sociales, esa vertebración autónoma de la población
contra ese estado de cosas han sido fruto de décadas de movilizaciones
indígenas, de la iglesia católica y grupos laicos en la defensa de los derechos
humanos.
Más
recientemente ha surgido un nuevo movimiento: los autodefensas. Los individuos
y más allá las comunidades en que se integran se han autoorganizado en grupos
que velan y protegen a su comunidad. Y ello puede deberse al vacío institucional
protector que la policía, la judicatura y el poder político local (4) han
dejado al descubierto de tal suerte que ciudadanos desamparados contra el
crimen organizado en su amplia acepción se han autoorganizado para defenderse y
protegerse de los desmanes del crimen y del mismo poder local. Estos
movimientos en América Latina no son nuevos. En Colombia ya se crearon
grupos de autodefensas civiles que
fueron aprovechados por el ejército en su lucha local contra el narcotráfico y
las FARC. Pero en el caso de México estos movimientos parecen remontarse a la
época autoritaria del PRI en que fueron utilizados por el estado como una
suerte de germen de los grupos paramilitares para su lucha contra la
insurgencia o los movimientos campesinos de signo izquierdista o incluso contra
los zapatistas.
Tanto un caso
como otro derivaron en el largo plazo en una especie de quiste violento que ha
hecho pervivir el escenario violento de uno u otro signo y que aunque se llegaran
a entender como una solución para
determinados problemas lo que sé hizo fue enquistar en la sociedad el germen de
la violencia.
A día de hoy,
tal como plantea Guillermo TREJO, (EL PAÍS 12/10/14), teniendo presente que la
utilización de los autodefensas a largo plazo puede devenir en la prolongación de
la violencia, sí que resultaría efectiva para los estadios iniciales de lucha
coaligada con el estado federal contra el crimen y así plantear una reconstrucción
del “orden político local” de las áreas afectadas ,incardinados en el proceso
de reconstrucción de la sociedad para que sean los ojos y los oídos del estado
para que a nivel local se recobre el control de la situación.
Pero confiar en grupos armados
informales para imponer un cierto orden
político y social puede ser a largo plazo igualmente nocivo para la sociedad y
de ello ya hubo ejemplos, como ha quedado dicho en Colombia o el propio México.
De cualquier modo se deberían
abordar otro tipo de políticas, y de
reformas de carácter transversal que aborden una profunda reforma de las
instituciones a todas las escalas de tal forma que se reconstituya el Estado,
el poder local y la confianza y seguridad de los ciudadanos.
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jueves, 29 de mayo de 2014
Disturbios en Barcelona. ¿Violencia urbana o destrucción de factores de cohesión social?
CLARA BLANCHAR. EL PAÍS Cataluña, 29/05/14.http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/28/catalunya/1401308965_028730.html
“La política es el arte de resolver, y aquí se ha creado un problema a muchos niveles: de seguridad, de borrar un espacio de encuentro, de cohesión, de formación… Con tanta gente descolgándose del sistema, Can Vies no era un problema, sino parte de la solución”. Habla Gemma Galdón, profesora de Políticas y Tecnologías de Seguridad de la Universidad de Barcelona. “Todo el mundo sabía que tocar esto era tocar hueso”, concluye. Como Galdón, media docena de voces de peso en la ciudad coinciden en que Can Vies ha sido un símbolo de la Barcelona popular y que este papel explica la extensión del rechazo a su desalojo por los barrios.
“La política es el arte de resolver, y aquí se ha creado un problema a muchos niveles: de seguridad, de borrar un espacio de encuentro, de cohesión, de formación… Con tanta gente descolgándose del sistema, Can Vies no era un problema, sino parte de la solución”. Habla Gemma Galdón, profesora de Políticas y Tecnologías de Seguridad de la Universidad de Barcelona. “Todo el mundo sabía que tocar esto era tocar hueso”, concluye. Como Galdón, media docena de voces de peso en la ciudad coinciden en que Can Vies ha sido un símbolo de la Barcelona popular y que este papel explica la extensión del rechazo a su desalojo por los barrios.
Sociólogos, antropólogos, politólogos, juristas, académicos y activistas coinciden en tachar de “grave error” la decisión del Ayuntamiento de acabar con este centro social, cuyos 17 años de existencia son un referente. También la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB), la Síndica de Greuges y los partidos de la oposición (PSC, ERC e ICV) critican el desalojo y piden diálogo al alcalde Xavier Trias (CiU).
El politólogo Joan Subirats también cuestiona la decisión. “Can Vies es un capital simbólico. Un centro que ha evolucionado de una casa okupacerrada a tejer vínculos con el resto de plataformas de la ciudad. No es casualidad que albergara a más de 50 entidades: desde un medio de comunicación alternativo como La Burxa a asociaciones de cultura tradicional como bastoners”, afirma. “Imaginarse que tocaban solamente un centro social, sin conocer sus raíces es un error enorme que muestra un gran desconocimiento de la ciudad, no han entendido nada”, reprocha al Ayuntamiento.“Una ciudad donde están pasando muchas cosas”, recuerda y donde las sinergias entre los movimientos sociales y los sectores profesionales o la economía social y cooperativa ganan peso.
En la otra punta de la ciudad, L'Harmonia o Flor de Maig son iniciativas recientes de recuperación, todavía en curso en el primer caso, de espacios autogestionados por vecinos, entidades y por proyectos cooperativos en barrios distantes de Sants como Sant Andreu o Poblenou. Además, en estos dos espacios el Ayuntamiento ha dialogado con sus promotores. “Es muy contradictorio porque el Ayuntamiento da señales de que tiene otras formas de hacer, aunque con la otra mano siga con sus reformas del paseo de Gràcia o Diagonal”, apunta Subirats, que subraya que sobre el solar de Can Vies “no hay ningún proyecto. ¿Era urgente? ¿Prioritario?”, inquiere.
Los cascotes de Can Vies evocan el solar de lo que fue otro espacio ocupado, Miles de Viviendas, en la Barceloneta. Desalojado sin orden judicial y derribado sin permiso, el Ayuntamiento, entonces socialista, se afanó en asegurar que albergaría pisos sociales. Sigue vacío con la paradoja de que forma parte del plan de adecentamiento de espacios vacíos.
Lo vivió de cerca la activista Gala Pin, que defiende “los ejemplos de autogestión fuera de los cauces del Ayuntamiento, que trabajan en red y que sería importante valorar”. Pin abunda en la crítica al Ayuntamiento: “Si como concejal del barrio y como alcalde no sabes predecir que pasaría, es que no conoces la ciudad y no tienes capacidad para gobernarla”.
El día y hora elegidos para desalojar Can Vies tampoco son casuales, subrayan las voces consultadas. Fue el día después de las elecciones europeas. Otro dato que contribuye a enervar la situación: Ayer se conoció la sentencia del caso del hotel del Palau de la Música, un caso de corrupción que ha llegado a los tribunales por la movilización vecinal y en el que los responsables municipales han resultado absueltos.
“Igual es exagerado hablar de un Gamonal, pero el trasfondo sí es parecido y el desalojo ha sido la chispa”, considera el abogado Jaume Asens. Recuerda que desde la ocupación hace 17 años, “el movimiento okupa ha evolucionado hacia un perfil más amplio y la máxima prueba es el intento de dar viabilidad al espacio. La crisis también ha normalizado la práctica de la ocupación, ha hecho que ocupar no algo de una minoría”, añade Asens.
El antropólogo Manuel Delgado está convencido de que “las grandes luchas por la ciudad se librarán en los barrios, que tienen la palabra del malestar y el cabreo”, y que considera “el escenario heredero de los conflictos clásicos de las fábricas”. Sí ve un efecto Gamonal en la extensión del malestar por el desalojo. De Can Vies celebra el “valor público de lo social y colectivo, lo que en términos de mercado no vale nada, pero articula los barrios”. Sobre la actitud vandálica de algunos manifestantes, apunta: “La violencia es parte consustancial de las ciudades”. Pero se pregunta “quién hace más daño, la violencia urbana o la urbanística. Si una es condenable, imagina la otra; una duele, la otra te destroza la vida”.
Desde el Observatorio de los Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, el profesor Jordi Mir, recuerda que “los episodios de movilización, contestación y enfrentamiento no surgen espontáneamente”, y explica que suele haber dos causas: “Una de fundamento, de malestar que viene de largo, por la forma de hacer del Ayuntamiento, y otra acelerante, el desalojo”.
En nombre de las asociaciones de vecinos de toda la ciudad, la FAVB emitió ayer un durísimo comunicado con el que establece un paralelismo entre “el mapa de las manifestaciones por Can Vies” con “la geografía de las desigualdades y las injusticias que están rompiendo Barcelona” y habla de un “profundo malestar social”. “Este viento de revuelta anuncia una levantada”, advierte.
jueves, 10 de abril de 2014
Un laboratorio de paz en Colombia.
EL PAÍS, 09/04/14
La masacre de El Salado fue una de las más violentas de la historia reciente del país
Hoy muchos de sus ciudadanos han vuelto y están reconstruyendo su vida
Una gran movilización social transforma la zona, con apoyo de organismos públicos y privadosUn campesino trabaja con hojas de tabaco, uno de los motores de la economía en El Salado. / OSWALDO PÁEZ
Si pretendían sembrar el terror, quienes jugaron al fútbol con las cabezas de los decapitados en El Salado, un pequeño pueblo colombiano de la región de Montes de María, lo consiguieron. Si buscaban destruir la aldea, a priori, también. Pero si lo que querían era acabar con la convivencia de por vida, fracasaron. La localidad, que antes de la masacre ejecutada por grupos paramilitares en el año 2000 contaba con 7.000 habitantes, es un ejemplo de muchas cosas: de la crudeza de un conflicto que dura más de 50 años, de la indefensión de las víctimas y del abandono que han sufrido durante muchos años, ignorados por el Estado y por una parte del propio pueblo colombiano… Pero también de que la reconstrucción es posible incluso en las zonas donde parece más difícil. Hoy El Salado es un laboratorio de paz que quiere ser el modelo para su región y el resto de zonas rurales asoladas por los enfrentamientos armados.
La masacre de El Salado es una de las más crueles de la historia moderna de Colombia. Entre el 16 y 21 de febrero de 2000, los paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, con la complicidad de las Fuerzas Armadas, torturaron y mataron a decenas de campesinos en una barbarie que incluyó la violación de mujeres, el desmembramiento de personas con motosierras, el apaleamiento de ancianos y mujeres embarazadas y las mencionadas decapitaciones, al son de gaitas y tambores de júbilo. Se trataba de dar un escarmiento en una zona que supuestamente simpatizaba con la guerrilla de las FARC. Durante años, los paramilitares lograron hacer saltar por los aires la convivencia en El Salado. Pero en el año 2009, una iniciativa encabezada por la Fundación Semana (una revista colombiana), con la colaboración de numerosos agentes públicos y privados y, sobre todo, con la implicación de la sociedad de El Salado, ha conseguido devolver la esperanza a la zona. El caso fue analizado como ejemplo de reconstrucción postconflicto en la Casa de América de Madrid durante un encuentro celebrado el pasado lunes.
“Tras la tragedia nadie confiaba en nadie. Todos nos fuimos a las ciudades cercanas; el pueblo desierto”
“Tras la tragedia nadie confiaba en nadie. Todos nos fuimos a las ciudades cercanas y dejamos el pueblo desierto”, recuerda Leiner Ramos, de 30 años, testigo de la decapitación de su hermano cuando solo era un adolescente. Lo cuenta por teléfono desde El Salado, algo que habría sido impensable cuando ocurrió la tragedia, ya que se trataba de un lugar totalmente aislado. Por telecomunicaciones y también por medios tradicionales. “Se demoraba tres días en llegar a la ciudad más cercana. Ahora han hecho una carretera y son 45 minutos”, explica Ramos gracias a la antena que se instaló durante la reconstrucción. Es un ejemplo de colaboración privada: la aportó Telefónica.
Ramos es uno de los alrededor de 1.300 habitantes que han ido regresando a El Salado en estos últimos años. Tras la masacre, sus vecinos fueron desplazados a ciudades cercanas, donde su condición de víctimas no hacía sino estigmatizarlas aún más. Fueron regresando con cuentagotas por unas razones que explicó bien Edwin Navarro, uno de los campesinos que huyeron, en una charla en Colombia: “Los saladeños, los saladeros, los habitantes de El Salado y de sus veredas, cuando nos vimos forzados a dejar las tierras donde crecimos, donde soñamos vivir siempre, nos fuimos de pronto a ciudades donde sí teníamos luz, agua, mejores condiciones… pero no era nuestra tierra, allí nunca soñamos vivir. Allí llegamos por la acción de personas que se creyeron que tenían el derecho de destruir a un pueblo, que creyeron que tenían el derecho a callar con el sonido de las ba
las la acción y representación de toda una comunidad de aproximadamente 7.000 habitantes. Pero regresamos, porque esas son nuestras tierras, allí nacimos, allí vivimos aun con todas esas necesidades”.
Los agentes que han trabajado en el pueblo quieren que sea modelo del posconflicto para todo el país
En un principio, recibieron ayuda desde un punto de vista “muy asistencialista”, según explica María Isabel Cerón, directora de Ayuda en Acción en Colombia. Después, gracias al empuje de la Fundación Semana, cambiaron la manera de hacer las cosas. “Lo valioso de este proceso no solo fue la reconstrucción de la infraestructura, sino establecer confianza. Me impactó mucho porque cuando fui hace cuatro años contaban de una forma muy gráfica todo lo que les había pasado, como para generar lástima. Ahora nadie te pide nada, hablan del futuro de una forma diferente, pero teniendo muy en cuenta el pasado. Para que los hechos no se vuelvan a repetir, los pueblos deben de tener muy clara su historia. Es realmente increíble ver lo que se ha logrado con este proceso”, explica Cerón.
La clave de la reconstrucción está en la propia sociedad, insistieron una y otra vez quienes participaron en el debate. La directora de la fundación Semana, Claudia García Jaramillo, explicó que siempre tuvieron muy claro que el pueblo tenía que ser protagonista del proceso. “Nosotros nos limitamos a acompañarles, a facilitar el acceso de instituciones públicas y privadas que, más que poner dinero, han aportado un trabajo, cada una en su ámbito, que ha propiciado el cambio”, explica. La reconstrucción de las infraestructuras es lo que se nota a simple vista, pero la revitalización de la cultura, la recuperación de liderazgos sociales, la implicación de la juventud ha sido lo que ha promovido que los habitantes de El Salado vuelvan a vivir en paz en su tierra.
Quizás por eso, cuando se le pregunta a Leiner Ramos cuál es la clave de la reconstrucción, responde: “La casa de la cultura. Es lo que más nos une acá”. Es uno
de los núcleos de convivencia de un pueblo agricultor, que tradicionalmente ha tenido el tabaco como una de sus grandes fuentes de ingresos. Han recuperado una escuela primaria, una estación de policía, un centro de salud… Todo había desaparecido tras la masacre.
Los actores implicados en la reconstrucción inciden una y otra vez en la importancia de lo social. “Es una comunidad que oye a sus mayores. Es algo que no sucede en casi ningún lado. No sé por qué, pero lo han conseguido, no sabría explicarlo; tal vez por esa brecha de diez años en la que nadie estuvo en el pueblo. Ahora son los mayores quienes rescatan su cultura y costumbres”, reflexiona María Isabel Cerón.
Queda mucho por hacer para que El Salado sea el pueblo próspero que fue
Para lograr que El Salado vuelva a ser el pueblo próspero que fue queda todavía una larga labor por delante. Todavía existen problemas de abastecimiento de agua, de malnutrición infantil y de calidad de vida que ensombrecen algo algunos notables avances como el haber alcanzado una escolarización del 100% en niños de cero a cinco años, el parque agroecológico que sirve de campo de aprendizaje para los futuros empresarios de la tierra o los proyectos de microemprendimiento. Son las siembras de las que se esperan frutos, pero que ya han conseguido servir de amalgama para la convivencia.
Este ejemplo, con la movilización de entidades públicas y privadas, con este resurgir social, es el modelo que quieren llevar a otros lugares de Colombia los actores que han hecho posible este renacer de El Salado, desde las ONG hasta el propio Gobierno. Según el embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo, se trata de una “semilla de transformación colectiva”. Una semilla que podría germinar en muchos otros rincones del país arrasados por la violencia
EL PAÍS, 09/04/14
La masacre de El Salado fue una de las más violentas de la historia reciente del país
Hoy muchos de sus ciudadanos han vuelto y están reconstruyendo su vida
Una gran movilización social transforma la zona, con apoyo de organismos públicos y privadosUn campesino trabaja con hojas de tabaco, uno de los motores de la economía en El Salado. / OSWALDO PÁEZ
Si pretendían sembrar el terror, quienes jugaron al fútbol con las cabezas de los decapitados en El Salado, un pequeño pueblo colombiano de la región de Montes de María, lo consiguieron. Si buscaban destruir la aldea, a priori, también. Pero si lo que querían era acabar con la convivencia de por vida, fracasaron. La localidad, que antes de la masacre ejecutada por grupos paramilitares en el año 2000 contaba con 7.000 habitantes, es un ejemplo de muchas cosas: de la crudeza de un conflicto que dura más de 50 años, de la indefensión de las víctimas y del abandono que han sufrido durante muchos años, ignorados por el Estado y por una parte del propio pueblo colombiano… Pero también de que la reconstrucción es posible incluso en las zonas donde parece más difícil. Hoy El Salado es un laboratorio de paz que quiere ser el modelo para su región y el resto de zonas rurales asoladas por los enfrentamientos armados.
La masacre de El Salado es una de las más crueles de la historia moderna de Colombia. Entre el 16 y 21 de febrero de 2000, los paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, con la complicidad de las Fuerzas Armadas, torturaron y mataron a decenas de campesinos en una barbarie que incluyó la violación de mujeres, el desmembramiento de personas con motosierras, el apaleamiento de ancianos y mujeres embarazadas y las mencionadas decapitaciones, al son de gaitas y tambores de júbilo. Se trataba de dar un escarmiento en una zona que supuestamente simpatizaba con la guerrilla de las FARC. Durante años, los paramilitares lograron hacer saltar por los aires la convivencia en El Salado. Pero en el año 2009, una iniciativa encabezada por la Fundación Semana (una revista colombiana), con la colaboración de numerosos agentes públicos y privados y, sobre todo, con la implicación de la sociedad de El Salado, ha conseguido devolver la esperanza a la zona. El caso fue analizado como ejemplo de reconstrucción postconflicto en la Casa de América de Madrid durante un encuentro celebrado el pasado lunes.
“Tras la tragedia nadie confiaba en nadie. Todos nos fuimos a las ciudades cercanas; el pueblo desierto”
“Tras la tragedia nadie confiaba en nadie. Todos nos fuimos a las ciudades cercanas y dejamos el pueblo desierto”, recuerda Leiner Ramos, de 30 años, testigo de la decapitación de su hermano cuando solo era un adolescente. Lo cuenta por teléfono desde El Salado, algo que habría sido impensable cuando ocurrió la tragedia, ya que se trataba de un lugar totalmente aislado. Por telecomunicaciones y también por medios tradicionales. “Se demoraba tres días en llegar a la ciudad más cercana. Ahora han hecho una carretera y son 45 minutos”, explica Ramos gracias a la antena que se instaló durante la reconstrucción. Es un ejemplo de colaboración privada: la aportó Telefónica.
Ramos es uno de los alrededor de 1.300 habitantes que han ido regresando a El Salado en estos últimos años. Tras la masacre, sus vecinos fueron desplazados a ciudades cercanas, donde su condición de víctimas no hacía sino estigmatizarlas aún más. Fueron regresando con cuentagotas por unas razones que explicó bien Edwin Navarro, uno de los campesinos que huyeron, en una charla en Colombia: “Los saladeños, los saladeros, los habitantes de El Salado y de sus veredas, cuando nos vimos forzados a dejar las tierras donde crecimos, donde soñamos vivir siempre, nos fuimos de pronto a ciudades donde sí teníamos luz, agua, mejores condiciones… pero no era nuestra tierra, allí nunca soñamos vivir. Allí llegamos por la acción de personas que se creyeron que tenían el derecho de destruir a un pueblo, que creyeron que tenían el derecho a callar con el sonido de las ba
Los agentes que han trabajado en el pueblo quieren que sea modelo del posconflicto para todo el país
La clave de la reconstrucción está en la propia sociedad, insistieron una y otra vez quienes participaron en el debate. La directora de la fundación Semana, Claudia García Jaramillo, explicó que siempre tuvieron muy claro que el pueblo tenía que ser protagonista del proceso. “Nosotros nos limitamos a acompañarles, a facilitar el acceso de instituciones públicas y privadas que, más que poner dinero, han aportado un trabajo, cada una en su ámbito, que ha propiciado el cambio”, explica. La reconstrucción de las infraestructuras es lo que se nota a simple vista, pero la revitalización de la cultura, la recuperación de liderazgos sociales, la implicación de la juventud ha sido lo que ha promovido que los habitantes de El Salado vuelvan a vivir en paz en su tierra.
Quizás por eso, cuando se le pregunta a Leiner Ramos cuál es la clave de la reconstrucción, responde: “La casa de la cultura. Es lo que más nos une acá”. Es uno
de los núcleos de convivencia de un pueblo agricultor, que tradicionalmente ha tenido el tabaco como una de sus grandes fuentes de ingresos. Han recuperado una escuela primaria, una estación de policía, un centro de salud… Todo había desaparecido tras la masacre.
Los actores implicados en la reconstrucción inciden una y otra vez en la importancia de lo social. “Es una comunidad que oye a sus mayores. Es algo que no sucede en casi ningún lado. No sé por qué, pero lo han conseguido, no sabría explicarlo; tal vez por esa brecha de diez años en la que nadie estuvo en el pueblo. Ahora son los mayores quienes rescatan su cultura y costumbres”, reflexiona María Isabel Cerón.
Queda mucho por hacer para que El Salado sea el pueblo próspero que fue
Para lograr que El Salado vuelva a ser el pueblo próspero que fue queda todavía una larga labor por delante. Todavía existen problemas de abastecimiento de agua, de malnutrición infantil y de calidad de vida que ensombrecen algo algunos notables avances como el haber alcanzado una escolarización del 100% en niños de cero a cinco años, el parque agroecológico que sirve de campo de aprendizaje para los futuros empresarios de la tierra o los proyectos de microemprendimiento. Son las siembras de las que se esperan frutos, pero que ya han conseguido servir de amalgama para la convivencia.
Este ejemplo, con la movilización de entidades públicas y privadas, con este resurgir social, es el modelo que quieren llevar a otros lugares de Colombia los actores que han hecho posible este renacer de El Salado, desde las ONG hasta el propio Gobierno. Según el embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo, se trata de una “semilla de transformación colectiva”. Una semilla que podría germinar en muchos otros rincones del país arrasados por la violencia
sábado, 1 de febrero de 2014
La Producción del Espacio. Henri LEFEBVRE
La producción del espacio. Henri Lefebvre.
Introducción y traducción de Emilio Martínez. Prólogo de Ion M. Lorea.
Capitán Swing. Madrid. 2013. 451 páginas. 22 euros.
Recientemente se ha publicado un artículo para dar reseña de un libro que se vuelve a imprimir después de años. Se trata de la traducción al castellano de un libro del sociólogo HENRI LEFEBVRE titulado La Producción del Espacio, editado en por Capitán Swing en Madrid.
De nuevo resurge la postura marxista para explicar el presente y sus causas. Destaca Manuel
DELGADO el autor del artículo publicado
en EL PAÍS Babelia reseñando el libro la contribución a la lucha actual contra
la apropiación capitalista de las ciudades que se antoja ahora más atroz que
cuando él la describiera.
Se habla de espacios falsos y falseadores disfrazados tras
el lenguaje técnico, es el espacio de los planificadores, de los tecnócratas,
de los urbanistas y arquitectos y de los
administradores.
Menciona cómo Lefebvre hablaba en aquel libro publicado hace
más de cuarenta años de otros conceptos: espacio maquetado y monitorizado por la ideología. Se producen espacios
claros, obedientes, legibles, etiquetados, homogéneos, seguros…, colocados en el mercado a disposición de una clases
medias que sueñan con un universo social
tranquilo, previsible,
desconflictivizado y sin sobresaltos que se diseña para ellos como mera
ilusión y que no va a dejar de estar sometido a los embates de la realidad
social.
Lefebvre define lo urbano como una forma específica de
organizar y pensar el tiempo y el espacio en general (…) lo urbano es la obra de la gente en lugar de imposición como sistema a la gente. La
naturaleza de lo urbano es el encuentro, su simultaneidad, constituyendo y
reconstituyendo centros. El valor de la ciudad reside su uso.
Pero es esta definición de lo urbano mucho más amplia la que retrata mejor la
perspectiva que desde este blog defiendo: Es el espacio diferencial en que se despliega o podría desplegarse la radicalidad misma de
lo social (…) puesto que es teatro espontáneo de y para el deseo, sede de la
deserción de las nacionalidades y del desaliento ante las presiones, marco y momento
de lo lúdico y de lo imprevisible. Todo aquello que en otro momento nos atrevimos
a llamar la vida.
A propósito del artículo de Manuel DELGADO publicado en EL
PAÍS Babelia el 18/01/14.
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