A menudo las estadísticas ofrecen números, índices,
porcentajes, etc… que pretenden mostrar la realidad de lo que acontece a nivel
delincuencial. Cualquier ciudadano
entiende el aumento o disminución de la
cantidad de infracciones penales en números absolutos, pero, sin embargo,
existe un concepto que recoge más acertadamente lo que cualquier persona
percibe. Porque la percepción del delito a menudo no va aparejada con la
disminución de la tasa delictiva, sino que, paradójicamente, con menores tasas
de criminalidad el ciudadano puede percibir subjetivamente un mayor miedo al
delito.
Más allá, la plasmación sobre un mapa de aquellos lugares en
que ocurren los hechos delictivos se convierte en una herramienta que permite
conocer o plantear hipótesis sobre su
origen, causas y, aún, posibles soluciones. Pero para ello, es básico realizar
previamente un análisis de los datos estadísticos para posteriormente obtener
un diagnóstico que permita identificar el problema, sus causas y que permita
proponer soluciones.
Como se ve, se parte aquí de una perspectiva securitaria de índole preventiva más más allá de la tradicional reactiva.
Por supuesto que en los presupuestos de partida, en el
enfoque con que se tomen los datos estará implícito también el sentido
interpretativo que tendrán los mismos.
Por ejemplo, cuando se analizan las infracciones penales
contra las personas de una demarcación policial concreta aparecerá un número
absoluto que sumará los delitos y las faltas, aparecerá un porcentaje que nos
indicará la evolución temporal del índice por meses o por años, pero
escasamente una información mayor y más rica. Sin embargo, cuando los datos se
desagregan por sexos, edades, formación académica, nivel económico, lugar donde
viven los afectados o donde ocurren los
hechos, obtenemos una idea más precisa que ayuda al investigador a
formar una imagen más cabal del hecho delictivo, de sus posibles causas y, por
qué no, soluciones posibles.
Pues bien, este el presupuesto teórico del que partí cuando
hace unos cuatro años realicé para una demarcación concreta un análisis
desagregado de los datos, análisis que dura incluso hoy y que está en marcha. En
el análisis de los datos es curioso obsevar como la mayoría de las infracciones
penales relativas a las personas ocurren en un alto porcentaje en áreas
concretas del espacio urbano: los jardines, parques o simplemente la vía pública, pero cuando analizamos el sexo vemos
que sus protagonistas son femeninas en una mayoría; sin embargo, cuando los
autores son hombres los hechos a menudo revisten el carácter de delitos y su
ocurrencia está más relacionada con lugares de ocio (bares, clubs de alterne,
discotecas, pubs, etc…) aunque también con los espacios públicos. Como se aprecia, el análisis del fenómeno cruzando las
variables lugar de ocurrencia y sexo arroja una primera aproximación a la
naturaleza del fenómeno.
No obstante, cuando a esto se añade la variable lugar de
residencia el fenómeno analizado cobra un matiz social indudable. La residencia
indica en los casos de faltas contra las personas que en un amplio porcentaje
se producen entre personas que viven en viviendas sociales, lo cual nos sitúa
ante otro aspecto a reseñar: el económico. Que la mayoría de autores y/o
víctimas residan en este tipo de viviendas nos lleva a una primera reflexión:
la de que precisamente en esa
circunstancia reside una de las causas del problema. No es baladí afirmar
también que si se estima otra variable como la del nivel de instrucción de las
personas involucradas en estos hechos observaremos también en un amplio margen
que el nivel de estudios es básico.
Todo ello puede llevar a proponer la hipótesis de que las
personas que viven en ese tipo de viviendas con un nivel económico y cultural
similar tienen un mayor índice de infracciones penales contra las personas
derivadas entre otras cosas de que posiblemente la falta de otras habilidades
sociales haga que los problemas interpersonales se resuelvan de forma tan
expeditiva.
En muchas poblaciones
se ha promovido una política pública de vivienda que ha desembocado en la
guettización debido a la promoción de viviendas denominadas sociales en
aquellos lugares en que el precio del suelo era más barato y seguramente
realizadas bajo el criterio de economía de costes, de tal forma que personas
con un perfil socioeconómico similar ocupan dichas viviendas haciendo que los
problemas se amplifiquen dado que se pueden generar ciertos problemas de convivencia entre los habitantes
de las mismas. De hecho, cuando situamos en un mapa urbano los lugares donde
viven sus protagonistas observamos que, como decíamos, el dato simple de la
dirección adquiere toda su entidad ya que de ese modo se evidencian las
densidades en aquellas promociones de viviendas que jalonan el espacio urbano o
en los espacios públicos próximos a ellas.
No es gratuito hacer estas observaciones y focalizar estas
problemáticas desde esta perspectiva ya que conociéndolas se pueden establecer
políticas preventivas a medio y largo plazo. Medidas como que la política de
vivienda pública pase por la promoción y subvención para reformar viviendas
dentro del casco antiguo de las ciudades de forma que se evite la
guettización; estimular el movimiento
vecinal; analizar la posibilidad de poner en marcha una escuela de padres para
a muy largo plazo tratar de influir en los más pequeños a través de los padres;
analizar los condicionantes físicos de los lugares con mayor densidad de este
tipo delictivo para desde la perspectiva de los CPTED mejorar en la medida de
lo posible el espacio urbano vivido y en definitiva encaminar las diversas
medidas hacia la consecución de una mejor calidad de vida de los ciudadanos
para lograr ex ante una mayor seguridad subjetiva.
En definitiva, mantengo que el análisis estadístico
desagregado y analizándolo desde esa perspectiva espacial puede ayudar a
entender el origen, las causas de los problemas sociales en el ámbito de la
seguridad ciudadana pero entendiendo que las soluciones a los mismos deben ser
transversales y que se debe superar el concepto represivo de la seguridad
pública por otro de carácter marcadamente preventivo. Para ello, todos los
entes sociales formales e informales pueden aunar sus esfuerzos para un fin
común.
NOTA: Estos análisis e hipótesis son solamente eso,
especulativos, teniendo en cuenta que sus conclusiones no son extrapolables
fuera del ámbito nacional y que se enmarcan en el ámbito competencial de la
Guardia Civil.
