DESARTICULACIÓN SOCIAL Y CRIMEN ORGANIZADO. El
caso mexicano.
MANUEL VERA
Recientemente han saltado a la palestra los hechos ocurridos
en la ciudad mexicana del estado de Guerrero, Iguala. La desaparición y el
asesinato de estudiantes pertenecientes al colectivo social "normalista", uno de
los más combativos de México ha salido a la luz por la naturaleza de los hechos
y por la forma en que estos se produjeron
y la estrecha relación entre el crimen organizado y las autoridades locales de esta zona de
México.
Analizar
aisladamente los hechos de la localidad de Iguala como un simple episodio
violento de los diferentes cárteles dedicados al tráfico de drogas en la zona
es obviar cuál es el problema de fondo que subyace en hechos como este. Más aún
si cabe, cuando durante la búsqueda de los estudiantes desaparecidos se han
localizado fosas comunes con cadáveres que nadie conoce, cuando con el devenir
de los días el grito de indignación de la sociedad mexicana se ha hecho un
clamor por el territorio de México. Dejan entrever estos hechos que lejos de
tratarse de hechos puntuales se trata, cuando menos, de episodios que episodios
que se repiten a lo largo del tiempo y de la geografía nacional.
Sin embargo,
cuando planteamos la pregunta que se hacía Guillermo TREJO (EL PAÍS, 16/10/14)
de si “el principal negocio del crimen organizado en México es el tráfico de
drogas hacia los EEUU, ¿por qué asesinar estudiantes que no tienen ninguna
relación con el negocio? Ahí es cuando enfrentamos que quizás estos sucesos
violentos obedezcan a razones que van más allá de lo que en un principio
pudiera parecer ajustes de cuentas, por ejemplo.
En este marco
de violencia de los diferentes cárteles de la droga, del ejército en su lucha
contra éstos, de la corrupción política, policial y de los funcionarios públicos es en el que se
desarrolla la verdadera guerra soterrada entre el crimen organizado, el estado
y los diferentes movimientos sociales, y es también en ese marco en el que hay
que entender el surgimiento espontáneo de los llamados grupos de autodefensas
que han venido a suplir desde la sociedad civil ciertas ausencias en lo
relativo a la seguridad de la población de las áreas afectadas.
1.- ANÁLISIS DEL PROBLEMA.
Desde largo tiempo los grupos criminales que controlan el
tráfico de drogas hacia EEUU han permeado la estructura del poder en aquellos ámbitos en que el
control era más difícil por parte del gobierno federal, esto es, en el ámbito
local. Y se han infiltrado en la política, en la judicatura, en la policía, en
las cárceles. De tal suerte que el crimen organizado ha ampliado su tradicional
campo de acción hacia la toma del “poder local, apoderándose de los municipios
y sus recursos y extraer la riqueza local a través de la tributación forzada”.
Guillermo TREJO. EL PAÍS 16/10/14.
Según este
autor, se ha desarrollado una suerte de industria extractiva de los recursos
naturales en forma de sustracción de gasolina, gas, etc… y de la riqueza humana
mediante la extorsión y el secuestro. Así, concluye, que estos grupos criminales
encontraron un nuevo botín: el municipio y sus contribuyentes. (1)
El soborno, la
coerción, la corrupción de policias, de jueces, de funcionarios y de políticos
conseguía en un largo proceso afianzar su influencia en los órganos locales de
poder hasta el punto de llegar a postular sus propios candidatos títeres como
parece que fue el caso del alcalde de Iguala y de su esposa, como también el de
otros alcaldes que a resultas de los últimos sucesos en la zona han sido
detenidos.
En este escenario,
el papel de la policía y los jueces corruptos es clave para entender un hecho
clave que hace que esta toma soterrada del poder sea efectiva: la impunidad.
No se entiende de otra forma que como sucedió en Iguala el
alcalde o su secretario de seguridad o el jefe de policía ordenaran los
disparos en contra de los estudiantes y entregaran a los detenidos a los
sicarios de los Caballeros Templarios para que dispusieran de ellos como
finalmente ocurrió: con su muerte.
De hecho, esas
muertes, esas desapariciones parecían venir a corroborar la toma del poder
local, de la voluntad de sus representantes por parte del crimen organizado que
de esta forma quería enviar un mensaje claro e inequívoco a los diferentes
movimientos sociales implicados en distintos procesos de articulación social
para que desistan en sus acciones mediante la extensión del crimen, el terror y
el miedo. Y precisamente, la masacre de Iguala se debe a una acción premeditada
y a una estrategia de desarticulación social y de extensión del miedo entre la
población y aquellos funcionarios y políticos que no se dobleguen.
Precisamente en
la zona donde han ocurrido esos tristes sucesos existe una fuerte organización social
y comunitaria que constituye colectivos sociales que en cierta medida estructuran
la sociedad en determinadas escala: en la de las personas, no así, por lo que
se ve, en las instituciones.
2. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.
A poco que se piense en lo sucedido en la localidad de
Iguala surge una pregunta cuya respuesta nos dará la clave de lo ocurrido y el
trasfondo de la guerra larvada y ya declarada entre la sociedad civil
(población, estado, policía, judicatura) y los grupos de crimen organizado.
En este caso
concreto, ¿quiénes son “los estudiantes normalistas de Ayotzinapa? ¿Qué ha
ocurrido en lugares como Aguas Blancas o El Charco? ¿Por qué han surgido
movimientos sociales como las denominadas autodefensas? Y volviendo a la
pregunta que se hace Guillermo TREJO en su artículo (EL PAÍS, 16/10/14) ¿Por
qué asesinar estudiantes que no tienen ninguna vinculación con el negocio
criminal?
Las razones son
diversas. Pero en esas zonas tan
castigadas por el crimen y por las cuales pasa la mayoría del tráfico de drogas
y personas hacia EEUU (2) se ha instalado ese mal difuso y casi omnipresente:
la impunidad (3).
Desde antiguo
la guerra sucia del estado priista contra los grupos guerrilleros y los
estudiantes disidentes ya en los años setenta del pasado siglo alcanzó en el
caso del estado de Guerrero niveles similares a la guerra sucia de Argentina o
Chile. Aquéllos movimientos quedaron impunes y el germen violento de entonces
ha trocado en el devenir de los años en una violencia generalizada que amenaza
a la población y, más allá, en las bases del propio estado y de la cohesión
social.
3. LAS RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD.
De un lado han surgido respuestas desde la población azotada
por esta guerra: los movimientos sociales, la organización de asociaciones
estudiantiles, civiles al fin, como la de los estudiantes normalistas de
Ayotzinapa que son una respuesta de la sociedad para autovertebrarse y luchar,
erigidos en interlocutor de amplios sectores de la sociedad coaccionada local
contra el crimen organizado, contra la corrupción del poder a diferentes
escalas. Estos movimientos sociales, esa vertebración autónoma de la población
contra ese estado de cosas han sido fruto de décadas de movilizaciones
indígenas, de la iglesia católica y grupos laicos en la defensa de los derechos
humanos.
Más
recientemente ha surgido un nuevo movimiento: los autodefensas. Los individuos
y más allá las comunidades en que se integran se han autoorganizado en grupos
que velan y protegen a su comunidad. Y ello puede deberse al vacío institucional
protector que la policía, la judicatura y el poder político local (4) han
dejado al descubierto de tal suerte que ciudadanos desamparados contra el
crimen organizado en su amplia acepción se han autoorganizado para defenderse y
protegerse de los desmanes del crimen y del mismo poder local. Estos
movimientos en América Latina no son nuevos. En Colombia ya se crearon
grupos de autodefensas civiles que
fueron aprovechados por el ejército en su lucha local contra el narcotráfico y
las FARC. Pero en el caso de México estos movimientos parecen remontarse a la
época autoritaria del PRI en que fueron utilizados por el estado como una
suerte de germen de los grupos paramilitares para su lucha contra la
insurgencia o los movimientos campesinos de signo izquierdista o incluso contra
los zapatistas.
Tanto un caso
como otro derivaron en el largo plazo en una especie de quiste violento que ha
hecho pervivir el escenario violento de uno u otro signo y que aunque se llegaran
a entender como una solución para
determinados problemas lo que sé hizo fue enquistar en la sociedad el germen de
la violencia.
A día de hoy,
tal como plantea Guillermo TREJO, (EL PAÍS 12/10/14), teniendo presente que la
utilización de los autodefensas a largo plazo puede devenir en la prolongación de
la violencia, sí que resultaría efectiva para los estadios iniciales de lucha
coaligada con el estado federal contra el crimen y así plantear una reconstrucción
del “orden político local” de las áreas afectadas ,incardinados en el proceso
de reconstrucción de la sociedad para que sean los ojos y los oídos del estado
para que a nivel local se recobre el control de la situación.
Pero confiar en grupos armados
informales para imponer un cierto orden
político y social puede ser a largo plazo igualmente nocivo para la sociedad y
de ello ya hubo ejemplos, como ha quedado dicho en Colombia o el propio México.
De cualquier modo se deberían
abordar otro tipo de políticas, y de
reformas de carácter transversal que aborden una profunda reforma de las
instituciones a todas las escalas de tal forma que se reconstituya el Estado,
el poder local y la confianza y seguridad de los ciudadanos.
