La no Ciudad. A propósito de Ciudad Juárez. JORDI BORJA.

La No Ciudad.
Publicado en www.ciudad.blog.edu.uoc. Marzo 2015

En un breve e interesante libro reciente Mike  Davis, expone que “los latinos  salvarán a la ciudad gringa” (es el título de la obra). Jane Jacobs, en su clásico sobre La vida y la muerte de las ciudades norteamericanas sentó las bases de la negación o autodestrucción de las ciudades. La ciudad es ante todo espacio público, mezcla de poblaciones y actividades, sentimiento de posesión compartida de la ciudad en sus calles y plazas. La ciudad solamente con edificios, sean  para vivir o para trabajar   y  con medios de transportes e infraestructuras, no es ciudad, es en el mejor de los casos una zona urbanizada. Un cuerpo sin alma, le falta la ciudadanía, es decir la dimensión  pública, la expresión de la vida colectiva. Los ciudadanos se expresan en el espacio público, son  “conciudadanos”, se es ciudadano en su relación los otros, iguales en derechos y deberes. La ciudad late a partir de su corazón , el centro, o sus centros en las grandes urbes. Es allí donde se concentran los flujos de las personas y de las ideas, las memorias colectivas y les puntos que transmiten sentido a la vivencia urbana.  El centro irradia sobre la ciudad, de él emergen los ejes estructurantes que ordenan la ciudad. Los ciudadanos se posesionan de la ciudad ocupando su centro, o sus centros. Entonces cuando todos, o una gran masa que los representa, se hace presente en las plazas y calles del centro principal de la ciudad, cuando manifiestan ser un poder social que planta cara al poder político-institucional y al poder económico, entonces devienen plenamente ciudadanos. Y la ciudad es ciudad de ciudadanos, no una simple escenografía.

Hace menos de un mes que estaba en Ciudad Juárez. En algún momento dije, sin afán de menospreciar ni a la ciudad ni a sus habitantes, que “Ciudad Juárez” se podía calificar de “no ciudad”. Ahora añadiría que esta negatividad tiene remedio pero no parece que las fuerzas locales o nacionales se lo planteen. No pretendo analizar el impacto de la violencia sobre la vida urbana, suficientemente conocida. Además es obvio que la existencia de una muy débil, por no decir casi nula, estructura urbana no solo favorece la violencia, además tampoco facilita la generación de contrapoderes civiles. No es la sociedad la culpable, es la incapacidad de las instituciones políticas y económicas más potentes, mexicanas y estadounidenses, que han utilizado una ciudad-puente para que entren y salgan el ejército de reserva de mano de obra, un borde que se utiliza desde el otro lado de la frontera para lo que no quieren  tenerlo en su casa, un campamento para los rechazados o para los inmigrantes mal pagados en las maquilas y marginados en los bordes del borde.

La ciudad es a penas perceptible. Una imagen impresionista se te aparece como los vestigios de una ciudad casi abandonada que se fue disolviendo a la vez que llegaban nómadas y marginales, más deshecha que hecha. Luego percibes elementos dispersos, como un campamento, en el que emergen proyectos de calle que son carreteras polvorientas rodeadas en algunos tramos con edificios de todos los tipos y edades. El centro real es el puente, la no ciudad es la sirvienta de la otra ciudad, una ciudad provinciana, El  Paso, ruralizada y ocupada en gran parte por “chicanos”, con una zona central, comercial, con edificios nuevos, en bastantes casos por iniciativa de inversores de la fantasmal Ciudad Juárez (CJ).  En ésta se adivina algo que fue centro, comercios venido a menos, algunos edificios administrativos, viviendas agazapadas, residuos de prostíbulos que tuvieron tiempos mejores. La gran mayoría del millón trescientos mil habitantes se desparraman por la no ciudad. Los “barrios cerrados” para las numerosas “clases medias”, en compartimentos-estanco, en muchos casos pegados los unos a los otros, pero sin mirarse.  Barrios-gueto propios de los sectores populares, muchos migrantes de otros estados, más o menos marginales, unos más desconectados que otros de la indefinida trama urbana, a la intemperie, sin otra vida social que compartir la supervivencia diaria, el trabajo precario, el sicariado, las bandas, las trabajadoras de las maquilas, gentes de largas horas de transporte, de viviendas frágiles como sus vidas, hombres y mujeres del borde,  de fallidas esperanzas al no conseguir pasar al otro lado de la frontera.

Y las operaciones aberrantes y surrealistas como las Riberas del Bravo y otros conjuntos de viviendas sociales. Unas 15 000 viviendas de pésima calidad, de 30 a 40m2 para familias con frecuencia numerosas. Más del 40% fueron abandonadas muy pronto. Una operación de vivienda social del Gobierno federal para trabajadores estables y con ahorros . En un páramo a más de 20 km de CJ, lejos de todo. Infonavit, el ente público promotor-financiador de estas operaciones, parece tener una vocación de pirómano, como si deseara convertir a los niños y adolescentes en un “sendero luminoso” de la periferia de la “no ciudad”. O más sencillo: ahí crecen las bandas juveniles violentas, sicarios para los narcotrafiantes o traficantes de órganos, matan a partir de los 15 años y mueren antes de los 25.

Hay otras operaciones también dignas de constar en el Guiness, pero finas, sofisticadas y cultas. Una gran Ciudad Universitaria (CU) en Ciudad Juárez. Una gran oportunidad. Perdida. Una iniciativa conjunta del Estado de Chihuahua que cede los predios a la Universidad de CJ en el año 2004. El apoyo del Gobierno federal y la implicación de las principales universidades del país convirtió una operación local en una iniciativa mucho más ambiciosa. Intervienen la UNAM, el Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, las Universidades del Estado de Chihuahua y de CJ, centros de investigación y de enseñanza media superior, etc. Se supone que en pocos años  se concentrarán en  la CU decenas de miles de estudiantes y algunos miles de profesores, investigadores y administrativos. Un aspecto positivo: los jóvenes de sectores populares que habitan en la zona sur del territorio de CJ tendrán un acceso a estos centros de estudio más asequible que si debieran ir a la zona norte donde hay los campus actuales. Pero no se trata de una cuestión escolar, sino de un interés más general que puede benificiar a todos.  Se  trata de estructurar un territorio sobre la base una ciudad mucho más compacta, con una oferta de equipamientos y servicios potente como corresponde a su población y a su economía y con un sistema de infraestructuras y transportes que permita ejercer el derecho a la movilidad en condiciones dignas.

La oportunidad la tenían delante de los ojos. CJ no tiene un área central, ni buena ni mala, no tiene nada. Hay espacios vacíos, edificios que claman el derribo o la rehabilitación, comercios a la deriva, habitantes que huyen a barrios cerrados, oficinas dispersas. La Ciudad universitaria hubiera creado  ciudad: decenas de miles de universitarios, comercios y restaurantes, librerías y cafeterías, oficinas y despachos de profesionales, espacios de ocio y locales de espectáculos, gente en las calles y ambiente de mayor seguridad. No se trata de hacer una CU como la del DF, tangente a la ciudad. En este caso la CU de Juárez sería la ciudad real, lo que no es la actual CJ. Sobre esta base se generan ejes estructurantes de la ciudad que articulen los múltiples elementos dispersos y creen continuidades de actividad y residencia. Y gradualmente las murallas de los barrios cerrados caerán y los conjuntos sociales se rehabilitarán y se integrarán. Se demolerá Riberas del Bravo, así lo espero, y de paso  se debería juzgar a los responsables de un disparate que debe considerarse criminal.

El caso de CU de Ciudad Juárez y de su ceguera ante la oportunidad perdida me lleva a una reflexión sobre México y sus elites políticas y económicas. La fuerza del narco y de la economia delictiva en general, la proliferación de bandas y contrabandas violentas y armadas y la corrupción pública y privada, formal e informal no son los causantes de la crisis sistémica del país. Son el resultado de un vacío de Estado, de una visión irresponsable de la nación por parte de las dirigencias políticas y económicas, de una gestión catastrófica de las políticas públicas y del afán acumulador a cualquier coste de políticos y empresarios, de multinacionales leoninas y de especuladores de todo. Es en este contexto que puede entenderse la ceguera de los responsables de promover la CU. No hay conciencia ni interés ni  comprensión de la función humanizadora de la ciudad y de la necesidad de estructurar el territorio, condición fundamental para la integración social, la articulación económica y la gobernabilidad democrática. Es de lamentar que el valioso capital intelectual que se concentra en la Universidad de Ciudad Juárez no haya sabido reaccionar a tiempo.


Nota del autor: Agradezco la amistosa colaboración del profesor de la Universidad de CJ, Alfonso Luis Herrera, que me guió hace 6 años a Riberas del Bravo y nuevamente en febrero de este año. Así mismo me ha facilitado información sobre la CU. Pero las reflexiones críticas son exclusivas del autor y me temo que no coinciden del todo con mi estimado colega.

Criminalidad y precios del suelo.

ALEJANDRO REBOSSIO. EL PAÍS,  11/02/2015. La lucha por la tierra se libra en las ciudades latinoamericanas

En el suelo que hasta ahora solo interesaba a los pobres hay hoy especulación que expulsa de sus casas a quienes allí viven.

Parecía Gaza… y me puse a llorar. No entiendo nada. A esa gente, a esas mamás con chicos, los acaricio con mis lágrimas”, escribía el pasado agosto el papa Francisco a un amigo concejal de Buenos Aires después de que tres fuerzas policiales desalojaran con topadoras a unas 500 familias que se habían instalado en un terreno baldío bautizado por sus ocupantes con el nombre del pontífice argentino. “Parece que la crueldad se nos instaló en el corazón. Una crueldad vestida con tantos ropajes: qué me importa, que vayan a trabajar, es gente insociable… palabras que no justifican, sino que manifiestan tanta crueldad”, agregaba Francisco después de la represión conjunta de los uniformados que responden tanto al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como al alcalde porteño, Mauricio Macri, candidato presidencial conservador para las elecciones del próximo octubre.



Buenos Aires camina a paso lento hacia la urbanización de sus chabolasLa otra cara del mundialEl cine entre chabolas de la hija KirchnerLas favelas de Río se unen pacíficamente a la protesta"EN Madrid hay favelas aunque no las llamen así"Aquel desalojo no es el único que pone de manifiesto que la lucha por la tierra en Latinoamérica no se circunscribe a la de los campesinos e indígenas contra medianos o grandes terratenientes o multinacionales de las materias primas. También ocurre en las urbes. América Latina no es solo el rincón más desigual del mundo, con un tercio de la población en la pobreza, sino que además es la segunda región más urbanizada del planeta, con casi un 80% de sus habitantes residiendo en ciudades. Aunque las cifras han mejorado en este siglo, aún un tercio de los latinoamericanos mora en viviendas precarias, y una minoría en la calle. Un cuarto reside en favelas,villas de emergencia, asentamientos irregulares o como se llame en cada país a los barrios de chabolas.“Para los campesinos, es la lucha por la tierra. Para nosotros, es por el suelo urbano con servicios, con espacio urbano”, explica el arquitecto Raúl Fernández Wagner, profesor de la Universidad de General Sarmiento, en la periferia pobre de Buenos Aires. Fernández Wagner integra, además, el colectivo de organizaciones sociales y docentes universitarios Habitar Argentina que en 2013 logró una ley para regular, en la provincia de Buenos Aires, el uso de la tierra de barrios cerrados, esas urbanizaciones para las clases altas y medias altas que se han expandido desde los 90 por toda Latinoamérica, incluso en ciudades medianas, y que han encarecido tierras periféricas a las que antes accedían los pobres. La gente necesita dónde vivir y si no tiene acceso a casas, se va a asentamientos informales, donde no tiene servicios de electricidad, agua potable, cloacas, y entonces trata de sobrevivir conectándose como puede”, expone la relatora especial de ONU Hábitat Leilani Farha. “No es sorprendente que haya conflictos en este contexto. En la ciudad, los pobres no pueden comprar nada porque no hay nada disponible para sus ingresos, por la especulación inmobiliaria, por la falta de políticas de tierra y porque los gobiernos, a veces, venden las mejores tierras para desarrollos inmobiliarios. La gente no puede sobrevivir sin casa, es un derecho humano y hay que enfocar el asunto desde esa perspectiva, dar la seguridad a la tenencia. Los pobres van a las peores tierras, que son fiscales o de algún dueño, y pelean por la regularización del dominio. A veces, terminan desalojados por policías, militares o agentes privados y entonces se van a otros asentamientos informales”, describe Farha desde su oficina en Ottawa.En los últimos meses, pobladores pobres de algunos municipios del Gran Buenos Aires (periferia), como los de La Matanza, Esteban Echeverría, Moreno y Florencio Varela, se han organizado para montar piquetes en calles o carreteras para reclamar por tierras o por la regularización de su dominio, según cuenta la presidenta de la organización social Madre Tierra, Ana Pastor. El mismo día de la entrevista, ella daba cuenta de un desalojo en La Matanza. “Los hay que no son necesariamente violentos”, aclara.Un tercio de los latinoamericanos reside en viviendas precariasTambién hay tomas de tierras en Buenos Aires, como las de la villa Papa Francisco, y en los suburbios, aunque ya no son organizadas por movimientos populares como en los 80, sino que en las últimas tres décadas opera un mercado informal de tierras donde algunos listos venden o alquilan terrenos fiscales o abandonados por sus dueños, según la líder de Madre Tierra. “El Gran Buenos Aires, Moreno y Merlo son los municipios que tienen más tierras y, por tanto, más posibilidad de tomas. En Merlo solo se toma lo que el municipio autoriza, y en Moreno hay tomas organizadas por gente de la droga,policías, políticos locales, y después media el municipio. Es decir, hay piratas que no son grandes poderosos, pero son usados por otros sectores de poder, muchas veces armados”, describe Pastor.“Lo de Buenos Aires se repite en muchas partes de Latinoamérica”, comenta la presidenta de Habitat International Coalition (HIC), Lorena Zárate, desde la ciudad de México. “Hay ocupaciones de tierras en la periferia o en edificios, por ejemplo, en São Paulo. Organizadas, no por familias sino por movimientos de lucha por acceso a la vivienda. Pero también hay un mercado informal en el que la gente termina pagando dos o tres veces por la tierra, con procesos de extorsión, muchas veces contra gente migrante sin apoyo en la ciudad. Ya no hay tomas masivas como en 60 y 70, en parte porque ya no hay tanta migración del campo a la ciudad sino dentro de la ciudad o entre ciudades”, cuenta Zárate.¿Cómo responden los gobiernos ante tanta necesidad? Los expertos consideran que el déficit no se resuelve si se lo deja en manos de un mercado urbano en el que la tierra es escasísima, la especulación abunda, el crédito falta entre los más pobres y se necesitan cada vez más salarios para comprar una vivienda. Farha, de ONU Hábitat, ensaya una respuesta: “México intentó fomentar el acceso a la vivienda con crédito, pero para ello entregó tierras muy lejanas de los centros urbanos y de los trabajos, con mal transporte, sin buenos servicios. Ahora el Gobierno (de Enrique Peña Nieto) cambió el enfoque y quiere detener la extensión urbana. Hubo muchos programas en Brasil y Colombia para mejorar la calidad de los barrios, y tuvieron buenos resultados. Ecuador y Venezuela también tienen planes de vivienda. Cada país ha probado programas, muchos sin éxito”.“La gente necesita dónde vivir y si no tiene acceso a casas, se va a asentamientos informalesLeilani Farha, relatora especial de ONU HábitatZárate reconoce que en Brasil, Argentina, Chile o México se construyeron millones de viviendas, “pero con problemas de localización porque exigen de la persona mucho gasto de transporte para ir a trabajar, porque faltan centros de salud, recreativos, culturales, o hay escuelas con malos maestros, o porque las casas son de mala calidad o se hicieron en basureros o sobre acuíferos”. La líder de HIC destaca que en Uruguay siguen existiendo, como en los 70, los bancos de tierras e inmuebles ociosos y que laFederación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua haya replicado su tarea por el acceso a la propiedad colectiva. El modelo de esta federación se procura replicar en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Paraguay o Bolivia. Zárate elogia la planificación urbana en Brasil que lleva que muchas ciudades dispongan de tierra para viviendas sociales y equipamiento comunitario. Destaca que Colombia también cuente con una legislación en ese sentido, aunque advierte que falta más implementación, a la vez que pone sus esperanzas en la nueva ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires.

LA CIUDAD SEGREGADA

LA CIUDAD SEGREGADA.

         Las relaciones de todos los actores que componen la sociedad tienen una plasmación espacial que para los profanos en al materia escapan a su mirada. Sin embargo, esas relaciones fruto de la interacción social  son evidentes para la mirada de un geógrafo, de un criminólogo, de un sociólogo por citar algunas. La ciudad como constructo temporal evidencia la transformación de esas relaciones entre los individuos y más allá de estos con el espacio en que viven.

Entender en esa perspectiva que la criminalidad  es a la vez consecuencia y causante de estructuras sociales, económicas, psicológicas que se plasman en la construcción y vivencia del espacio geográfico urbano es una de las tareas de la geografía del crimen o de las geografías securitarias como las denomina HERNANDO SANZ, pero lo es también la propuesta de medidas para cambiar los escenarios, las dinámicas de  la sociedad de tal modo que se pongan en concierto todos los actores implicados en la garantía de la seguridad ciudadana como uno de los pilares de las sociedades  modernas puesto que en última instancia se trata de garantizar al ciudadano la seguridad y más allá, la libertad.

         Pues bien, como la sociedad evoluciona también lo hace el fenómeno urbano. Y es el análisis de esa evolución y de sus consecuencias lo que sirve de base para afrontar la problemática criminal y establecer estrategias que superen sus aspectos negativos. Podríamos fijar nuestra atención en muchos aspectos del fenómeno urbano, sin embargo, me voy a centrar solo en aquéllos que afectan a cuestiones como la segregación urbana, la parcelación de los espacios, las zonificaciones de los usos del suelo, la dicotomía entre lo público y lo privado y, más allá, en la falta de cohesión social y el aumento del individualismo. Así se puede también entender si las respuestas de las diferentes administraciones al fenómeno criminal es, más que positivo, coherente y en esa medida, acertada.

EL INDIVIDUO Y LA COMUNIDAD.

         Las personas y los grupos en que se integran interactúan entre sí y con el espacio que les rodea estableciendo relaciones, vivencias que pautan sus comportamientos. Un barrio de una ciudad cualquiera es un trasunto identitario de los habitantes que lo integran y les dota de una cierta identidad colectiva que a menudo les diferencia de otros barrios de esa misma ciudad. El modo en que se relacionan y el grado de cohesión vecinal, la vivencia de sus espacios públicos o privados y de las problemáticas que le son propias condicionan su percepción de la realidad que les rodea y marcan por ello su vivencia diaria, la imagen que se construyen del espacio en que desarrollan sus vidas.

En gran medida los diferentes indicadores sociodemográficos explican y/o condicionan (los usos, los equipamientos, la falta de cohesión social) el fenómeno de la criminalidad o de la violencia en determinados lugares o entornos,  el potencial comportamiento incívico. Y aquí entra el problema de las escalas en el análisis de la realidad. AVENDAÑO FLORES  que menciona tres escalas referidas a aspectos vivenciales de los individuos: la escala inmediata, la vecinal y la local. BAILLY y BEGUIN  los llaman “caparazones entre el yo y el mundo”.

         La escala inmediata, la del individuo y su familia que se confina en su casa, en su domicilio como espacio seguro, de ahí que se hable de auténticas cárceles preventivas en que la vida urbana se ha volcado al interior y que lleva a una atomización de la vida social y por contrapartida una disminución de la interacción social y en definitiva la difuminación de la cohesión social. Sus signos externos son las rejas, las murallas, las alarmas, los perros, las alambradas, los guardas de seguridad de los inmuebles, etc…, incluso se puede hablar de fachadas con un denominador común: el encierro. Lo cierto es que esa es una realidad que llega a ser visible en áreas urbanas y periurbanas, incluso rurales.

         La escala vecinal la sitúan en el ámbito de la cohesión social ya que en la medida en que la vivencia vecinal o comunal, como la llaman los autores latinoamericanos, se deteriora causal y consecuentemente disminuyen los lazos que vinculan a los individuos entre sí como comunidad  y hacen que, en definitiva, los problemas relacionados con la criminalidad no sean enfrentados desde ésta como sería lo deseable ya que las estrategias de promoción y de resolución de conflictos que no se asienten en un entendimiento de que la seguridad, la paz social en definitiva, no puede continuar siendo como hasta ahora una estrategia superpuesta a la sociedad sino que esté permeada por ella para que de una parte los individuos y los grupos en que se integran y de otra la actuación de las diferentes administraciones implicadas a diferentes niveles, sea posible que las estrategias que se adopten resulten útiles a la sociedad. Por ello, se impone superar el modelo reactivo policial tradicional por otro preventivo en que desde una perspectiva complementaria, transversal e interdisciplinar todos los actores implicados sean protagonistas.

En este sentido, la potenciación de los espacios de reunión vecinal o de la seguridad en su zona de tránsito suponen pequeños hitos en la consecución de esos objetivos securitarios y es precisamente en esa perspectiva que se incardinan teorías como las del CPTED, que ya traté en otros post.

         En la escala local se sitúan los problemas que afectan a todo el espacio urbano. Se establece o se constata una zonificación de la ciudad que en la mayoría de los casos es invisible como describía al comienzo del artículo. Las distintas circunstancias socioeconómicas de los habitantes de ciertas zonas o barrios de nuestras ciudades determinan que otros ciudadanos perciban esas zonas como áreas peligrosas, áreas de exclusión social y por ende áreas en que los fenómenos de marginalidad y delincuencia son más comunes de tal forma que a menudo ciertas calles constituyen verdaderas fronteras invisibles que en el imaginario colectivo de una ciudad sus vecinos reconocen y que por ello marcan pautas de comportamiento diario que derivan en agravamiento de problemas de exclusión social o marginalidad, convirtiéndose como venimos observando en causa y en consecuencia de los procesos excluyentes de los individuos, de sus grupos y de los espacios que habita y transita.

         En muchos casos la administración pública realiza una política de inversión y mantenimiento de espacios públicos y de dotación de equipamiento urbano que obvia estas realidades descritas y que de no revertirse desembocan en un proceso de degradación urbana y por ende social que hacen que la percepción de sus habitantes y de los ciudadanos de otros barrios en general sea de un espacio degradado social y físicamente.

De ese modo la ciudad se convierte en una suerte de islas más o menos conectadas pero con “fronteras” invisibles en que los usos de los diferentes espacios, las dotaciones de infraestructuras, la titularidad de los espacios y aún la privatización de los públicos hacen que la vivencia de los espacios urbanos derive hacia una suerte de privatización como es el caso de los parques públicos vallados y/o vigilados o de los centros comerciales donde desarrollamos parte de nuestra convivencia social como meros consumidores: de ocio, de artículos, etc…

 “La relación de la delincuencia

con las grandes concentraciones urbanas

 es muy superior a la que se pudiera relacionar a la emigración”.(3)

VALERO ESCANDEL, J.R., La Ciudad y el miedo. VII Coloquio de Geografía Urbana. 2004. Universidad de Girona.

         Los barrios residenciales cerrados sobre sí mismos constituyen a menudo un fuerte contraste con aquellos espacios, con aquellos barrios en que crece la inseguridad, la exclusión y el deterioro. Así, la ciudad se convierte en una suerte de espacios a los que no podemos acceder libremente o al menos aún siendo espacios abiertos el nivel adquisitivo e los individuos no les permite acceder a determinados lugares. Espacios teselados en que las diferencias se basan en las disparidades  de dotación de servicios públicos, espacios más o menos accesibles, más o menos peligrosos. Ello muchas veces determina que determinados ciudadanos con rentas bajas solo puedan acceder a viviendas de un determinado valor, lo que acaba constituyendo guettos en que los procesos de degradación se retroalimentan. Según la Comisión Técnica de Seguridad Urbana de Barcelona “el nivel de seguridad que los vecinos de la ciudad atribuyen a su barrio de residencia remite a algo más que al miedo al delito, es un barómetro de calidad de vida del territorio y de la cohesión social de la ciudad”.

         Es más, se habla de la distribución diferencial por barrios del riesgo real y del riesgo percibido. En general, todos los estudios hablan de un incremento de la percepción subjetiva de inseguridad y en ello tienen que ver tanto las estadísticas reales de delitos como el aumento de la población inmigrante, la desconexión creciente entre los centros de trabajo, residencia y ocio que hacen se resienta la cohesión social y se deterioren las relaciones comunitarias.

Revista METRÓPOLIS. Invierno 2010. Nº.: 77. Barcelona. Número dedicado a la Ciudad del Miedo.

DESARTICULACIÓN SOCIAL Y CRIMEN ORGANIZADO. El caso mexicano.

DESARTICULACIÓN SOCIAL Y CRIMEN ORGANIZADO. El caso mexicano.

MANUEL VERA

Recientemente han saltado a la palestra los hechos ocurridos en la ciudad mexicana del estado de Guerrero, Iguala. La desaparición y el asesinato de estudiantes pertenecientes al colectivo social "normalista", uno de los más combativos de México ha salido a la luz por la naturaleza de los hechos  y por la forma en que estos se produjeron y la estrecha relación entre el crimen organizado  y las autoridades locales de esta zona de México.

        Analizar aisladamente los hechos de la localidad de Iguala como un simple episodio violento de los diferentes cárteles dedicados al tráfico de drogas en la zona es obviar cuál es el problema de fondo que subyace en hechos como este. Más aún si cabe, cuando durante la búsqueda de los estudiantes desaparecidos se han localizado fosas comunes con cadáveres que nadie conoce, cuando con el devenir de los días el grito de indignación de la sociedad mexicana se ha hecho un clamor por el territorio de México. Dejan entrever estos hechos que lejos de tratarse de hechos puntuales se trata, cuando menos, de episodios que episodios que se repiten a lo largo del tiempo y de la geografía nacional.

        Sin embargo, cuando planteamos la pregunta que se hacía Guillermo TREJO (EL PAÍS, 16/10/14) de si “el principal negocio del crimen organizado en México es el tráfico de drogas hacia los EEUU, ¿por qué asesinar estudiantes que no tienen ninguna relación con el negocio? Ahí es cuando enfrentamos que quizás estos sucesos violentos obedezcan a razones que van más allá de lo que en un principio pudiera parecer ajustes de cuentas, por ejemplo.

        En este marco de violencia de los diferentes cárteles de la droga, del ejército en su lucha contra éstos, de la corrupción política, policial y de  los funcionarios públicos es en el que se desarrolla la verdadera guerra soterrada entre el crimen organizado, el estado y los diferentes movimientos sociales, y es también en ese marco en el que hay que entender el surgimiento espontáneo de los llamados grupos de autodefensas que han venido a suplir desde la sociedad civil ciertas ausencias en lo relativo a la seguridad de la población de las áreas afectadas.

1.- ANÁLISIS DEL PROBLEMA.

Desde largo tiempo los grupos criminales que controlan el tráfico de drogas hacia EEUU han permeado la estructura  del poder en aquellos ámbitos en que el control era más difícil por parte del gobierno federal, esto es, en el ámbito local. Y se han infiltrado en la política, en la judicatura, en la policía, en las cárceles. De tal suerte que el crimen organizado ha ampliado su tradicional campo de acción hacia la toma del “poder local, apoderándose de los municipios y sus recursos y extraer la riqueza local a través de la tributación forzada”. Guillermo TREJO. EL PAÍS 16/10/14.

        Según este autor, se ha desarrollado una suerte de industria extractiva de los recursos naturales en forma de sustracción de gasolina, gas, etc… y de la riqueza humana mediante la extorsión y el secuestro. Así, concluye, que estos grupos criminales encontraron un nuevo botín: el municipio y sus contribuyentes. (1)

        El soborno, la coerción, la corrupción de policias, de jueces, de funcionarios y de políticos conseguía en un largo proceso afianzar su influencia en los órganos locales de poder hasta el punto de llegar a postular sus propios candidatos títeres como parece que fue el caso del alcalde de Iguala y de su esposa, como también el de otros alcaldes que a resultas de los últimos sucesos en la zona han sido detenidos.

        En este escenario, el papel de la policía y los jueces corruptos es clave para entender un hecho clave que hace que esta toma soterrada del poder sea efectiva: la impunidad.

No se entiende de otra forma que como sucedió en Iguala el alcalde o su secretario de seguridad o el jefe de policía ordenaran los disparos en contra de los estudiantes y entregaran a los detenidos a los sicarios de los Caballeros Templarios para que dispusieran de ellos como finalmente ocurrió: con su muerte.

        De hecho, esas muertes, esas desapariciones parecían venir a corroborar la toma del poder local, de la voluntad de sus representantes por parte del crimen organizado que de esta forma quería enviar un mensaje claro e inequívoco a los diferentes movimientos sociales implicados en distintos procesos de articulación social para que desistan en sus acciones mediante la extensión del crimen, el terror y el miedo. Y precisamente, la masacre de Iguala se debe a una acción premeditada y a una estrategia de desarticulación social y de extensión del miedo entre la población y aquellos funcionarios y políticos que no se dobleguen.

        Precisamente en la zona donde han ocurrido esos tristes sucesos existe una fuerte organización social y comunitaria que constituye colectivos sociales que en cierta medida estructuran la sociedad en determinadas escala: en la de las personas, no así, por lo que se ve, en las instituciones.

2. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.

A poco que se piense en lo sucedido en la localidad de Iguala surge una pregunta cuya respuesta nos dará la clave de lo ocurrido y el trasfondo de la guerra larvada y ya declarada entre la sociedad civil (población, estado, policía, judicatura) y los grupos de crimen organizado.

        En este caso concreto, ¿quiénes son “los estudiantes normalistas de Ayotzinapa? ¿Qué ha ocurrido en lugares como Aguas Blancas o El Charco? ¿Por qué han surgido movimientos sociales como las denominadas autodefensas? Y volviendo a la pregunta que se hace Guillermo TREJO en su artículo (EL PAÍS, 16/10/14) ¿Por qué asesinar estudiantes que no tienen ninguna vinculación con el negocio criminal?

        Las razones son diversas. Pero en esas zonas  tan castigadas por el crimen y por las cuales pasa la mayoría del tráfico de drogas y personas hacia EEUU (2) se ha instalado ese mal difuso y casi omnipresente: la impunidad (3).

        Desde antiguo la guerra sucia del estado priista contra los grupos guerrilleros y los estudiantes disidentes ya en los años setenta del pasado siglo alcanzó en el caso del estado de Guerrero niveles similares a la guerra sucia de Argentina o Chile. Aquéllos movimientos quedaron impunes y el germen violento de entonces ha trocado en el devenir de los años en una violencia generalizada que amenaza a la población y, más allá, en las bases del propio estado y de la cohesión social.

3. LAS RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD.

De un lado han surgido respuestas desde la población azotada por esta guerra: los movimientos sociales, la organización de asociaciones estudiantiles, civiles al fin, como la de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa que son una respuesta de la sociedad para autovertebrarse y luchar, erigidos en interlocutor de amplios sectores de la sociedad coaccionada local contra el crimen organizado, contra la corrupción del poder a diferentes escalas. Estos movimientos sociales, esa vertebración autónoma de la población contra ese estado de cosas han sido fruto de décadas de movilizaciones indígenas, de la iglesia católica y grupos laicos en la defensa de los derechos humanos.

        Más recientemente ha surgido un nuevo movimiento: los autodefensas. Los individuos y más allá las comunidades en que se integran se han autoorganizado en grupos que velan y protegen a su comunidad. Y ello puede deberse al vacío institucional protector que la policía, la judicatura y el poder político local (4) han dejado al descubierto de tal suerte que ciudadanos desamparados contra el crimen organizado en su amplia acepción se han autoorganizado para defenderse y protegerse de los desmanes del crimen y del mismo poder local. Estos movimientos en América Latina no son nuevos. En Colombia ya se crearon grupos  de autodefensas civiles que fueron aprovechados por el ejército en su lucha local contra el narcotráfico y las FARC. Pero en el caso de México estos movimientos parecen remontarse a la época autoritaria del PRI en que fueron utilizados por el estado como una suerte de germen de los grupos paramilitares para su lucha contra la insurgencia o los movimientos campesinos de signo izquierdista o incluso contra los zapatistas.

        Tanto un caso como otro derivaron en el largo plazo en una especie de quiste violento que ha hecho pervivir el escenario violento de uno u otro signo y que aunque se llegaran a entender como una solución  para determinados problemas lo que sé hizo fue enquistar en la sociedad el germen de la violencia.

        A día de hoy, tal como plantea Guillermo TREJO, (EL PAÍS 12/10/14), teniendo presente que la utilización de los autodefensas a largo plazo puede devenir en la prolongación de la violencia, sí que resultaría efectiva para los estadios iniciales de lucha coaligada con el estado federal contra el crimen y así plantear una reconstrucción del “orden político local” de las áreas afectadas ,incardinados en el proceso de reconstrucción de la sociedad para que sean los ojos y los oídos del estado para que a nivel local se recobre el control de la situación.

Pero confiar en grupos armados informales  para imponer un cierto orden político y social puede ser a largo plazo igualmente nocivo para la sociedad y de ello ya hubo ejemplos, como ha quedado dicho en Colombia o el propio México.

De cualquier modo se deberían abordar otro tipo de políticas, y  de reformas de carácter transversal que aborden una profunda reforma de las instituciones a todas las escalas de tal forma que se reconstituya el Estado, el poder local y la confianza y seguridad de los ciudadanos.

Moises Naím. Criminalidad en América Latina

http://m.youtube.com/watch?v=iBE3FjwXuNw&feature=youtube_gdata_player

Proyecto Anillos en Violencia Urbana

Proyecto Anillos en Violencia Urbana 
Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana Crimen y Violencia Urbana.
 Aportes de la ecología del delito al diseño de políticas públicas.

El proyecto "Crimen y Violencia Urbana. Aportes de la ecología del delito al diseño de políticas públicas", se propone estudiar, en una investigación empírica y con perspectiva multidisciplinaria, el fenómeno de la criminalidad y la violencia que progresivamente se ha instalado en determinados barrios urbanos de las grandes ciudades de Chile. Se busca comprender qué características o procesos sociales de las comunidades facilitan y promueven su instalación, dificultando el impacto de las políticas públicas de prevención y control del delito. De este modo se pretende contribuir al diseño de políticas públicas.

Si bien Chile presenta uno de los menores niveles de victimización delictiva de América Latina, éstos son mayores que en países desarrollados. Los delitos más comunes en Chile son los efectuados contra la propiedad, pero son los que están acompañados por el uso o amenaza de uso de la fuerza los que más generan impacto y que en mayor medida afectan a sectores medios y populares.

Un estudio sobre barrios vulnerables constató que en el transcurso de los últimos 15 años el tráfico de drogas se ha consolidado en esos lugares y entre éstos se pueden distinguir barrios controlados por narcotraficantes, de aquellos que se encuentran en proceso de transición y otros simplemente desorganizados.

El diagnóstico anterior, sumado a los deficientes resultados mostrados por las políticas de seguridad pública implementadas en estos territorios, sugiere que estamos en presencia de un fenómeno evolutivo, multidimensional y que los marcos conceptuales en que se inscriben las intervenciones públicas no logran capturar en su complejidad. Emergen entonces las preguntas: ¿Por qué en algunos barrios se mantienen en el tiempo altos niveles de criminalidad y violencia?, y ¿Por qué en estos territorios las políticas públicas son poco efectivas y resulta extremadamente difícil y costoso revertir la situación que allí se vive?

Marco Conceptual e Hipótesis de Estudio

Las intervenciones de política pública, en general, se han guiado por teorías o enfoques que describen el fenómeno del delito como un hecho aislado centrando su foco sobre el delincuente. El gran déficit es que no analizan el contexto comunitario (barrio) como una entidad que, en sí misma, puede contribuir a desarrollar ciertas conductas de riesgo y prevenir otras. La teoría ecológica del crimen, en su vertiente de desorganización social, suple algunas de estas falencias al intentar explicar porque algunas comunidades concentran delitos a lo largo del tiempo, aunque sus habitantes y ciertas condiciones sociales cambien.

Una de las tesis de este enfoque teórico es la de la Eficacia Colectiva. En ésta se plantea que la presencia de recursos comunitarios como confianza, cohesión social, control social informal, entre otros, contribuyen a disminuir delitos y violencia en barrios urbanos. Además, afirman que la existencia de lazos sociales no es suficiente para enfrentar el problema delictual sino existe en la comunidad expectativas compartidas y voluntad para ejercer control social sobre los procesos locales, especialmente sobre las conductas de niños y adolescentes. A ello hay que añadir, que los mecanismos comunitarios suelen desarrollarse en contextos con suficiente dotación de recursos económicos. En otras palabras, la concentración de desventajas sociales sigue siendo un predictor directo del delito y de otros problemas sociales.

Por otro lado, aunque las tesis de la teoría ecológica del delito cobran sentido en la interpretación del aumento de la violencia en contextos territoriales específicos, tienen la deficiencia de no considerar el papel que juegan las políticas públicas. En esta línea, O'Donnell (1993) sostiene que la desigual vigencia del sistema legal a nivel territorial y social permite que se generen zonas donde la violencia pasa a ocupar un lugar preponderante. Contraponiéndose a esta tesis, Arias (2006) afirma que más que crearse "estados paralelos" (fuera del control político), lo que ocurre en estas zonas es que surgen redes y alianzas que vinculan al traficante con el sistema social y político externo, lo que les permite funcionar con normalidad. Por ello, si bien hay zonas en las ciudades latinoamericanas donde las leyes funcionan parcialmente, políticas sociales y de seguridad efectiva podrían jugar un rol importante para resolver el problema. Este último punto el que se evaluará en el estudio.

De lo anterior se deriva como hipótesis general que: "Bajos niveles de eficacia colectiva y de presencia y efectividad del Estado, controlando las variables de desventajas sociales, se asocian a un alto nivel de criminalidad y violencia permitiendo que se transformen en fenómenos permanentes y de alto impacto".

Líneas de trabajo

Para probar estas hipótesis, el proyecto abordará dos líneas de trabajo: la primera vinculada a la investigación empírica, propiamente tal, y la segunda, vinculada a traducir los conocimientos generados en impactos para las políticas públicas.

Línea de investigación. Para cumplir con el objetivo de "Determinar la relación entre mecanismos barriales y criminalidad y violencia, controlando las variables de concentración de desventajas sociales, presencia y efectividad del Estado, en barrios urbanos de Santiago, Valparaíso y Concepción", se realizará un estudio empírico que integrará datos de fuentes primarias (encuestas, observación sistemática, entrevistas y focus group) y secundarias (estadísticas policiales y sociales), bajo una metodología de análisis cuantitativo (estadística inferencial) y cualitativo (análisis de discurso).

Línea de impacto de política pública. En esta se espera "Generar recomendaciones de políticas públicas para los programas de seguridad ciudadana que actualmente se implementan a nivel local y proponer modelo(s) de intervención barrial." Para ello se realizará una revisión comparada de políticas de seguridad a nivel local, y se creará una red de discusión sobre políticas públicas. Además, se elaborará un modelo de política a nivel barrial, el cual se validará con la opinión de la comunidad y de expertos.

Línea de formación de investigadores jóvenes y redes. El proyecto contribuirá en la formación de una masa académica crítica (tesistas, prácticas e investigadores jóvenes), en la creación de redes de intercambio y colaboración entre centros académicos e instituciones públicas (nacional e internacional), y buscará incidir en las políticas públicas a través de la difusión de sus resultados.

Se espera generar conocimientos en cuanto a:

i) Generación y validación de explicaciones teórico-prácticas sobre las particularidades del delito y la violencia en barrios urbanos;

ii) Construcción de instrumentos para medir mecanismos barriales y recursos institucionales presentes en barrios urbanos;

iii) Producción de datos e indicadores inexistentes a escala barrial, utilizables en estudios posteriores.

FICHA TÉCNICA

Nombre del Proyecto: "Crimen y Violencia Urbana. Aportes de la ecología del delito al diseño de políticas públicas"

Financiamiento: CONICYT, en el marco del "II Concurso Anillos de Investigación en Ciencias Sociales"

Duración: 3 años

Participantes: Investigadores de CESC y de los Departamentos de Gobierno y Gestión Pública, de Economía y de Arquitectura de la Universidad de Chile.

Instituciones Chilenas Asociadas: - Carabineros de Chile - Asociación Chilena de Municipalidades

Instituciones Académicas Internacionales Asociadas: - John Jay School of Criminal Justice, The City University of Ney York, Estados Unidos, a través del profesor Desmond Arias, especialista en estudios sobre violencia en favelas en el Brasil.

- International Center for Crime Prevention, Canadá

- Development Studies, Faculty of Social Sciences, Universidad de Utrech, Holanda, a través del profesor Kees Koonings

- Centro de Estudios Centro de Estudios de Criminalidad y Violencia de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.

Productos esperados y difusión: - Formación de investigadores jóvenes 2 o 3 por año - Realización de 1 tesis de pregrado y 1 de postgrado por año - 1 seminario nacional, al término del segundo año - 1 seminario internacional, al término del proyecto - Seminarios semestrales por videoconferencia - 4 publicaciones: 2 a nivel internacional indexadas y 2 a nivel nacional - 1 Publicación compilatoria al término del proyecto

Medellín, otra forma de luchar contra violencia

El País Semanal

REPORTAJE

Medellín: ciudad en metamorfosis

El narcotráfico convirtió a la capital de Antioquia en la ciudad más violenta del mundo. Conscientes de esa lacra, el equipo de políticos ‘outsiders’, con el matemático Sergio Fajardo al frente, inyectaron una cura radical de cultura y educación.

Jesús Ruiz Mantilla 21 NOV 2013 - 00:00 CET44

En mitad del valle, Medellín resulta un atribulado cauce donde apenas se distingue el agua debatiéndose entre dos laderas. De día lo encierran unas paredes de montañas verdes teñidas por el rojo de los ladrillos y las venas de asfalto que lo atraviesan hacia arriba sin respetar ni hacerse cargo de los serpenteos que suelen hacer más llevaderos los ascensos a las cumbres. De noche, parece que en cualquier momento va a ser deglutida por una lava de neón empeñada en guiñar intermitentemente sus diminutos resplandores de luciérnaga electrizante.

Esa colmena que acoge más de 3,5 millones de habitantes –la segunda de toda Colombia comprendiendo el área metropolitana– encierra sueños de supervivencia, un orgullo paisa que todo lo puede, pasados recientes casi única y exclusivamente teñidos de sangre, presentes de violencia latente y patente en pulso firme y activo con la civilización, inversiones tremendas en infraestructuras caídas del cielo para darle la vuelta al infierno comandado por el fantasma de Pablo Escobar, coches que desgastan a toda mecha sus embragues y sus pastillas de frenos por lo enconado de las cuestas, industria emergente, narcos dispersos, a expensas de alianzas cambiantes con los –por el momento– preponderantes paramilitares, gentes de bien, estudiantes con futuro, políticos de viejo y también de novísimo cuño, decididas y audaces apuestas culturales, activas ONG jamás dispuestas a comprar los discursos oficiales, sedes de grandes empresas nacionales e internacionales, pujanza y miedo en dosis similares, esperanza y resignación a partes milimétricamente parejas, lo emergente y el detritus, la vida en pugna, una batalla de décadas ya entre el bien y el mal… Quizá una metáfora de la presente América Latina.

“Bienvenidos a Medellín, la mejor ciudad del mundo!”… Resulta habitual esta actitud de hinchada entre sus vecinos. En un primer recorrido, desde el Poblado, zona rimbombante y acomodada con vecinos en su mayoría pertenecientes a los estratos 5 y 6 del país –clase alta y media alta–, a la Fiesta del Libro, que toma cada año el jardín botánico al aire libre, a primera vista el paisaje acompaña cualquier tono triunfalista por parte de sus habitantes: con buenos restaurantes, centros comerciales, edificios inteligentes y puentes colgantes. Pero, a medida que se va acercando a la ladera del río, donde deambulan los espectros de desheredados esparcidos en montículos al calor de una hoguera o a resguardo de los puentes, buscándose la vida y quizá la muerte al compás del caudal más o menos normalizado del Medellín, las visiones escamotean con su sombra bastante fuerza a los discursos más optimistas.

La ciudad ha cambiado. La región, también. Es un hecho. Aunque quizá haya que emplear para ser más rigurosos el gerundio. Está cambiando. No es fácil. Instaurar valores cívicos se impone como tarea de generaciones. Y eso en Medellín se ha convertido en una obsesión. Programada. Inapelable. Montar en el orgullo local que supone el metro o ya el metrocable –imponente teleférico con destino a los márgenes del lumpen, hacia los barrios más alejados– es adentrarse en un espacio sujeto a permanentes mensajes constructivos. Por las paredes y por los altavoces saltan las indicaciones de solidaridad, respeto, urbanidad, limpieza…

Resultaba y resulta necesario. Cuando, a principios de la década de los noventa, Medellín era sinónimo de cartel de la droga, territorio dominado por el narcotraficante más sanguinario de la historia de Colombia –hoy recuperado en una polémica narcotelenovela–; cuando todo estaba en manos de “ese señor que no vamos a nombrar”, como avisan los asesores de cualquier político local hoy, dejando más patente su alargada e inquietante sombra, se imponía la necesidad de una acción radical.

Y, quizá, desde la ahora atribulada España, el ministro de Educación y Cultura, Wert, el dueño de las cuentas Cristóbal Montoro y el propio Mariano Rajoy no lo crean, pero hubo un tiempo en el que recién liberados de la barbarie, cuando a duras penas algunos querían sacar a la vista el pescuezo, unos activistas locales salidos de la universidad, y metidos después a políticos, inyectaron a la ciudad que tenía la tasa de homicidios más elevada del mundo una terapia salvaje de educación y cultura como medio seguro de salvación. Hasta tal punto que hoy no ellos, sino otros, como el actual alcalde Aníbal Gaviria, han continuado con esa senda en el Ayuntamiento y dedican entre el 25% y el 30% del presupuesto municipal total a esos menesteres. En cosas serias, nada de recortes.

El pionero se llama Sergio Fajardo, antiguo alcalde, hoy gobernador de Antioquia, a quien muchos ven futuro presidente de la república. “Yo no me centro en pensar eso…”, regatea él. Pero quizá Colombia sí crea y se plantee que es posible. Fajardo explica su gestión de manera muy didáctica y cercana, embutido en su polo gris, tomándose un café en la terraza de un hotel, sin querer en ningún momento acuartelarse, de forma muy natural, con su transparente contundencia de matemático enmarañado ya sin remisión en la política activa después de haber recolocado a su ciudad en el mapa internacional como un ejemplo de superación y ruptura radical con la violencia.

“Comenzamos nuestra tarea como un proyecto político de transformación con un profundo sentido de lo que había acá…”, comenta Farjardo, hoy gobernador por el Partido Verde, en alianza coyuntural también con el alcalde Gaviria, aunque vigilándose de reojo con este, perteneciente al Partido Liberal.

Lo que había acá, según lo contado, lo cantado, lo narrado, era una decrépita catadura moral, infectada por años de podredumbre en los valores instaurada por el narcotráfico en connivencia con un ambiente bélico donde, por medio, campaban la guerrilla, los paramilitares y una estructura de poder político tolerante con el panorama. El Medellín que describen, entre otros, Héctor Abad Faciolince en El olvido que seremos, donde narra el asesinato de su padre médico por los paramilitares, o, si cabe, con más ferocidad, el maestro Fernando Vallejo, que si ya en su día se vació sobre su ciudad natal con La virgen de los sicarios, sigue haciéndolo crónicamente en libros como Peroratas: “Hoy no solo están congestionadas las calles, las carreteras, los hospitales. Está congestionada la mismísima morgue, donde ya no caben los cadáveres”.

El dirigente antioqueño, con esos retratos que han traspasado fronteras en el cogote, se ha rebelado siempre contra ese destino y rememora su asalto al poder en aquel contexto, donde él y los universitarios de su movimiento, “similar en España a lo que podrían ser los indignados”, comenta Fajardo, “recorrimos los rincones, nos pusimos la ciudad en la piel, en el corazón y en la razón. La caminamos, la olimos y, por supuesto, la estudiamos”.

De ahí brotó una urgente apuesta por la dignidad, cuenta el político. “Una apuesta que salía del convencimiento de que nuestro problema más grave era la desigualdad, que, a su vez, generaba violencia y una cultura de la ilegalidad”. De ahí parió su famoso lema: “Medellín, la más educada”. El mismo que no ha tenido ahora más remedio que trasladar a toda la región: “Antioquia, la más educada”. Un lema acompañado del 50% de su presupuesto total como región en educación y cultura.

Y, con ello, una radical apuesta por ese vínculo en los barrios más violentos y marginales, donde instalaron infraestructuras de poderosa simbología: bibliotecas, centros culturales, y rompieron su aislamiento de salvaje urbanismo congénito y desmadrado proporcionando transporte urbano que llegara a todas las esquinas, como el metrocable.

Sus iniciativas fueron bastante celebradas. Respetadas, alentadas por sus sucesores y, lo que es más importante, bienvenidas por un vecindario que, rompiendo los esquemas de los gobernantes más obtusos, cuida lo que se le ha legado como si fueran templos. “Ningún edificio público ha sufrido el menor ataque”, resalta Fajardo.

Pero no da impresión el gobernador de haber colmado una tarea, ni una gestión. Cosa que tampoco hace Gaviria, el alcalde. El político liberal esgrime el discurso de la metamorfosis. Una línea que basa su argumentación en cifras independientes de las oficiales al municipio como las del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia. Según estas, Medellín ha pasado de ser la ciudad con la tasa de homicidios más alta del mundo por cada 100.000 habitantes (380,6) en 1991 a la número 24 en 2013 (41,7 asesinatos), y con el objetivo de bajar este año del número 30 en el ranking. De ahí su línea: la metamorfosis. “Construir lo que queremos en cuatro años es muy complejo. Pero nos damos por satisfechos si logramos hacer crecer la semilla de la educación, la cultura y el civismo en la ciudad. Es nuestro eje principal”.

“el 50% del presupuesto de antioquia está dedicado a educación”, dice el gobernador Sergio Fajardo

No caben triunfalismos, pero sí confianza. No entran cegueras, pero sí un razonable orgullo paisa recuperado que puede degenerar en nacionalismo trasnochado si no controlan cierto sentido de superioridad creciente en la región, muy tendente a la rivalidad permanente con lo bogotano. Incluso en lo más bajo compiten, como comenta un conductor cuando trata de comparar las clases políticas: “Aquí roban de a poquito, con cariño, en Bogotá se la llevan toda, los nuestros se quedarán su tajadica, pero al menos acaban la obras…”.

Aunque restan retos. La violencia no se extirpa de un día para otro. Es cuestión de generaciones ganadas a la imposición de unos principios que se pasaban por el forro el valor de la vida. La derrota de Escobar fue el comienzo. Trajo la desarticulación de un reinado, aunque produjo una descontrolada dispersión de delincuencia organizada. Los estragos ahí quedaron. Por eso, lo más urgente para las autoridades fue articular un básico discurso de civismo que iba a tardar en cuajar si no llegaba acompañado de acciones visibles.

Una de ellas son los colegios del plan 20, que llaman. Experiencias piloto en la educación pública, con los mejores equipamientos técnicos y lúdicos, con ropa y alimentación aseguradas en los barrios de estratos más bajos para salir del hoyo. El número no es caprichoso. Se trata de que, en 2020, la mayoría de los colegios públicos presenten esas condiciones. Y si algo tiene ganado Medellín es que la mayoría de los centros –el 80%– son públicos en vez de privados, mientras que en otras ciudades como Cali ocurre justo al revés, como cuenta Horacio Arango, asesor de Fajardo en la Gobernación.

Si los dirigentes esgrimen frente al forastero el discurso de la educación, una ONG como Con-vivamos, en pleno frente callejero, coloca el foco en otros aspectos. Luis Mosquera hace caer en la cuenta de que la relativa pacificación surgida tras la desaparición de Escobar ha sido producto también de un despliegue de fuerzas –7.800 efectivos policiales–, algo que supone 3 agentes por cada 100 habitantes. “Estamos altamente militarizados”, afirma. “¿Y así, cómo es posible que continúen los homicidios?”.

No en el mismo cogollo de Medellín, pero sí en los alrededores… Y aumentando… Sobre todo en municipios como Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Itagüí, La Estrella, Envigado y Sabaneta, admite Mosquera. “Los muertos aparecen en caños, autopistas…”, a muchos ni se les reclama. Todo es producto de un pacto, aseguran en Convivamos, organización surgida hace 40 años bajo la inspiración de la Teología de la Liberación, que contó en sus comienzos en Medellín con impulso importante.

Tras el desperdigamiento del grupo de Escobar, la ciudad ha pasado a manos de los paramilitares. “Hoy, los Urabeños predomi­­nan. Les quitaron el control a otros como Los Rastrojos y Los Paisas, sobre todo tras el enfrentamiento que tuvo lugar en la zona de Aures –donde hoy se puede visitar uno de los colegios punteros– a principios de 2011”. No solo se hicieron con los territorios de grupos similares a los suyos, sino que también le fueron ganando la partida a don Berna, el narco con mando en plaza, cabeza de la llamada Oficina de Envigado.

Aunque no es la única organización que controla el territorio. También los Triana, con sus, aproximadamente, 3.000 hombres, se hacen cargo de la venta de cocaína y marihuana, así como de controlar los comercios locales y cobrar sus extorsiones, que van desde 50.000 pesos a cada transportista por día hasta 20.000 o 100.000 a los comerciantes semanalmente. “Las iniciativas de Fajardo es cierto que han reducido en gran parte el problema, y que se han multiplicado las becas, las ayudas y el acceso a la universidad, pero no resultan suficientes para acabar con la violencia, ni con la tentación de vida fácil para los jóvenes que llevan a cabo las bandas cuando la tasa de desempleo es del 12%”, asegura Mosquera.

Una cierta desconfianza en el futuro, un cierto desencanto, se respira a veces también en barrios como Moravia. Alejado en su aspecto y su idiosincrasia de la región checa y centroeuropea, aquel lugar creció al compás de la basura. Hoy, un monte verde, transformado gracias al césped crecido sobre el detritus, abriga sus casas y sus riachuelos. Entre una cancha de baloncesto que mandó construir Escobar y las estrechas calles se puede pasear hoy sin temor. Más, si de la mano te lleva Gladys Rojas, una destacada activista del vecindario.

Cuando ella llegó a Medellín tenía tres años. “Veníamos desplazados de Uramita. Allí se libró una guerra entre liberales y godos (conservadores), pero un patrón salvó a mi papá, no lo dejó matar, y cuando llegó mi madre se hicieron un ranchito pegado al cementerio”. Entonces empezó el negocio del reciclado, algo de lo que ha vivido durante décadas la mayoría de la gente barrio. “Agarraban lo que la gente botaba de basura al río, y ahí empezó la lucha. A mí papá luego le iban a dar una casita, pero como bebía mucho no la conseguía, y como en todas partes hay un vivo, este le cedió una manzana con huerto para que se lo cultivara, mitad papa, mitad frijol. Así fue como seguimos viviendo acá, cerca del basurero”.

Todo valía. “Se llenó el barrio de desechos. Nos vestíamos con lo que caía de ahí, y comíamos de lo que quedaba en las grúas: de la Zenú sacábamos la carne; de la Noel, galleticas; de Inestra, polvito y jabón, y la de la placita nos daba para papita, cebolla y tomates…”. Resultaba una diaria y tremenda lucha por la supervivencia. “Éramos 11 hermanos. Fueron muriendo hasta quedar 4”. Algunos días tocaba premio. “Por aquí pasaba el tren, el de carga y el de lujo, que venía por Navidad. La alegría más grande para nosotros era que llegara. Nos tiraban paqueticos y ese día contábamos con ropa nueva”.

Otros trayectos resultaban más truculentos. “A veces, mi papá nos mandaba salir cuando escuchaba el pitido. Cogíamos unas bolsitas, buscábamos la sangre, primero; luego, lo más grande, el cadáver. Por recogerlo, a mi padre le daban algo con que comprar manteca”.

Así más o menos discurría la vida por Moravia, entre despojos y muertos con que ganarse la vida. Hasta que llegó el padre Vicente Mejía y trató de aportar algo de dignidad. Se trataba, dicen, de un guerrillero del M-19. “Le gustaban los pobres”. Llegaron revueltas apoyadas por universitarios. “Nos ayudaban a tirar piedras a la ley”. El negocio de la basura continuaba y crecía a medida que la ciudad se superpoblaba. Fue creciendo el cerro. La montaña, cubierta de césped hoy, era una cordillera labrada con caliza de periódicos, desechos, mierda, rodeada de lo que Gladys recuerda como un lago hermoso, “un agua en la que nos metíamos a por unos pescaditos que llamábamos liso-liso”. Basura va, basura viene, aun así, en la época del padre Mejía todo era muy especial, según Gladys. “Recogía platica desde junio, y en Navidad compraba un novillo que repartía entre el vecindario”. Ahora no. Ahora, pese a que ya no apesta el cerro, algunas plantas adornan el paso del agua, los chavales tienen canchas de fútbol y puedes reunirte en el centro cultural a recibir clases de música o a ver una película, a esta mujer le invade una tristeza difícil de alejar. No es solo que a su hijo lo matara la guerrilla, “es que la droga se apoderó de Moravia, los pelaos crecen, y la mayoría son viciosos. La ley viene, cobra su vacuna y sigue vendiendo. A uno le da mucha tristeza, pero estos señores nos tienen apabullados y así nos dejan morir”.

Quizá se animara algo más Gladys llegándose a la última Fiesta del Libro, celebrada este otoño, observando a los colegiales adentrarse en las actividades y los puestos de las editoriales o las librerías entre la ordenada maleza del jardín botánico que queda al lado de su barrio. Allí, Juan Diego Mejía, el perseverante y lúcido director de este evento, cree que la trayectoria del mismo ha sido una batalla ganada por la cultura a la calle y que así debe seguir.

Como lo son esos visibles símbolos de la cultura que reinan en los barrios y se hacen omnipresentes en ellos. Dentro de la Biblioteca España, en pleno Santo Domingo, uno de los antaño reductos más violentos de la ciudad, algún cartel espontáneo reza: “Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido”. En el Medellín de hoy, donde se libra tensamente esa visible batalla del bien contra el mal, la frase no resulta ninguna exageración.