Mapa de les llars dels delinqüents juvenils de Washington, fet el 1935
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lunes, 15 de diciembre de 2014
Espacio público y cambio político
Espacio público y cambio político http://t.co/ZwxJfuSCVj por Jordi Borja (2013)
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Análisis Delictivo,
Comunidad,
convivencia vecinal,
Geografía,
geoprevencion,
mappingcrime,
miedo,
seguridad SEGURIDAD CIUDADANA
LA CIUDAD SEGREGADA
LA CIUDAD SEGREGADA.
Las
relaciones de todos los actores que componen la sociedad tienen una plasmación
espacial que para los profanos en al materia escapan a su mirada. Sin embargo,
esas relaciones fruto de la interacción social
son evidentes para la mirada de un geógrafo, de un criminólogo, de un
sociólogo por citar algunas. La ciudad como constructo temporal evidencia la
transformación de esas relaciones entre los individuos y más allá de estos con
el espacio en que viven.
Entender en esa perspectiva que la criminalidad es a la vez consecuencia y causante de
estructuras sociales, económicas, psicológicas que se plasman en la
construcción y vivencia del espacio geográfico urbano es una de las tareas de
la geografía del crimen o de las geografías securitarias como las denomina
HERNANDO SANZ, pero lo es también la propuesta de medidas para cambiar
los escenarios, las dinámicas de la
sociedad de tal modo que se pongan en concierto todos los actores implicados en
la garantía de la seguridad ciudadana como uno de los pilares de las sociedades modernas puesto que en última instancia se
trata de garantizar al ciudadano la seguridad y más allá, la libertad.
Pues
bien, como la sociedad evoluciona también lo hace el fenómeno urbano. Y es el
análisis de esa evolución y de sus consecuencias lo que sirve de base para
afrontar la problemática criminal y establecer estrategias que superen sus
aspectos negativos. Podríamos fijar nuestra atención en muchos aspectos del fenómeno
urbano, sin embargo, me voy a centrar solo en aquéllos que afectan a cuestiones
como la segregación urbana, la parcelación de los espacios, las zonificaciones
de los usos del suelo, la dicotomía entre lo público y lo privado y, más allá,
en la falta de cohesión social y el aumento del individualismo. Así se puede
también entender si las respuestas de las diferentes administraciones al
fenómeno criminal es, más que positivo, coherente y en esa medida, acertada.
EL INDIVIDUO Y LA COMUNIDAD.
Las
personas y los grupos en que se integran interactúan entre sí y con el espacio
que les rodea estableciendo relaciones, vivencias que pautan sus
comportamientos. Un barrio de una ciudad cualquiera es un trasunto identitario
de los habitantes que lo integran y les dota de una cierta identidad colectiva
que a menudo les diferencia de otros barrios de esa misma ciudad. El modo en
que se relacionan y el grado de cohesión vecinal, la vivencia de sus espacios
públicos o privados y de las problemáticas que le son propias condicionan su
percepción de la realidad que les rodea y marcan por ello su vivencia diaria,
la imagen que se construyen del espacio en que desarrollan sus vidas.
En gran medida los diferentes indicadores
sociodemográficos explican y/o condicionan (los usos, los equipamientos, la
falta de cohesión social) el fenómeno de la criminalidad o de la violencia en
determinados lugares o entornos, el
potencial comportamiento incívico. Y aquí entra el problema de las escalas en
el análisis de la realidad. AVENDAÑO FLORES que menciona tres escalas referidas a aspectos
vivenciales de los individuos: la escala inmediata, la vecinal y la local.
BAILLY y BEGUIN los llaman “caparazones
entre el yo y el mundo”.
La escala inmediata,
la del individuo y su familia que se confina en su casa, en su domicilio como
espacio seguro, de ahí que se hable de auténticas cárceles preventivas en que
la vida urbana se ha volcado al interior y que lleva a una atomización de la
vida social y por contrapartida una disminución de la interacción social y en
definitiva la difuminación de la cohesión social. Sus signos externos son las
rejas, las murallas, las alarmas, los perros, las alambradas, los guardas de
seguridad de los inmuebles, etc…, incluso se puede hablar de fachadas con un
denominador común: el encierro. Lo cierto es que esa es una realidad que llega
a ser visible en áreas urbanas y periurbanas, incluso rurales.
La escala vecinal
la sitúan en el ámbito de la cohesión social ya que en la medida en que la
vivencia vecinal o comunal, como la llaman los autores latinoamericanos, se
deteriora causal y consecuentemente disminuyen los lazos que vinculan a los
individuos entre sí como comunidad y
hacen que, en definitiva, los problemas relacionados con la criminalidad no
sean enfrentados desde ésta como sería lo deseable ya que las estrategias de
promoción y de resolución de conflictos que no se asienten en un entendimiento
de que la seguridad, la paz social en definitiva, no puede continuar siendo
como hasta ahora una estrategia superpuesta a la sociedad sino que esté
permeada por ella para que de una parte los individuos y los grupos en que se
integran y de otra la actuación de las diferentes administraciones implicadas a
diferentes niveles, sea posible que las estrategias que se adopten resulten
útiles a la sociedad. Por ello, se impone superar el modelo reactivo policial
tradicional por otro preventivo en que desde una perspectiva complementaria,
transversal e interdisciplinar todos los actores implicados sean protagonistas.
En este sentido, la potenciación de los espacios de
reunión vecinal o de la seguridad en su zona de tránsito suponen pequeños hitos
en la consecución de esos objetivos securitarios y es precisamente en esa
perspectiva que se incardinan teorías como las del CPTED, que ya traté en otros
post.
En la escala local se
sitúan los problemas que afectan a todo el espacio urbano. Se establece o se
constata una zonificación de la ciudad que en la mayoría de los casos es
invisible como describía al comienzo del artículo. Las distintas circunstancias
socioeconómicas de los habitantes de ciertas zonas o barrios de nuestras
ciudades determinan que otros ciudadanos perciban esas zonas como áreas
peligrosas, áreas de exclusión social y por ende áreas en que los fenómenos de
marginalidad y delincuencia son más comunes de tal forma que a menudo ciertas
calles constituyen verdaderas fronteras invisibles que en el imaginario
colectivo de una ciudad sus vecinos reconocen y que por ello marcan pautas de
comportamiento diario que derivan en agravamiento de problemas de exclusión
social o marginalidad, convirtiéndose como venimos observando en causa y en
consecuencia de los procesos excluyentes de los individuos, de sus grupos y de
los espacios que habita y transita.
En
muchos casos la administración pública realiza una política de inversión y
mantenimiento de espacios públicos y de dotación de equipamiento urbano que
obvia estas realidades descritas y que de no revertirse desembocan en un
proceso de degradación urbana y por ende social que hacen que la percepción de
sus habitantes y de los ciudadanos de otros barrios en general sea de un
espacio degradado social y físicamente.
De ese modo la ciudad se convierte en una suerte de
islas más o menos conectadas pero con “fronteras” invisibles en que los usos de
los diferentes espacios, las dotaciones de infraestructuras, la titularidad de
los espacios y aún la privatización de los públicos hacen que la vivencia de
los espacios urbanos derive hacia una suerte de privatización como es el caso
de los parques públicos vallados y/o vigilados o de los centros comerciales
donde desarrollamos parte de nuestra convivencia social como meros
consumidores: de ocio, de artículos, etc…
“La relación de la
delincuencia
con las grandes
concentraciones urbanas
es muy superior a la que se pudiera relacionar
a la emigración”.(3)
VALERO ESCANDEL,
J.R., La Ciudad y el miedo. VII Coloquio de Geografía Urbana. 2004. Universidad
de Girona.
Los
barrios residenciales cerrados sobre sí mismos constituyen a menudo un fuerte
contraste con aquellos espacios, con aquellos barrios en que crece la
inseguridad, la exclusión y el deterioro. Así, la ciudad se convierte en una
suerte de espacios a los que no podemos acceder libremente o al menos aún
siendo espacios abiertos el nivel adquisitivo e los individuos no les permite acceder
a determinados lugares. Espacios teselados en que las diferencias se basan en
las disparidades de dotación de
servicios públicos, espacios más o menos accesibles, más o menos peligrosos.
Ello muchas veces determina que determinados ciudadanos con rentas bajas solo
puedan acceder a viviendas de un determinado valor, lo que acaba constituyendo
guettos en que los procesos de degradación se retroalimentan. Según la Comisión
Técnica de Seguridad Urbana de Barcelona “el nivel de seguridad que los vecinos
de la ciudad atribuyen a su barrio de residencia remite a algo más que al miedo
al delito, es un barómetro de calidad de vida del territorio y de la cohesión
social de la ciudad”.
Es
más, se habla de la distribución diferencial por barrios del riesgo real y del
riesgo percibido. En general, todos los estudios hablan de un incremento de la
percepción subjetiva de inseguridad y en ello tienen que ver tanto las
estadísticas reales de delitos como el aumento de la población inmigrante, la
desconexión creciente entre los centros de trabajo, residencia y ocio que hacen
se resienta la cohesión social y se deterioren las relaciones comunitarias.
Revista METRÓPOLIS. Invierno 2010. Nº.: 77.
Barcelona. Número dedicado a la Ciudad del Miedo.
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jueves, 11 de diciembre de 2014
Espacio público y cambio político. UOC
Espacio público y cambio político http://t.co/ZwxJfuSCVj por Jordi Borja (2013)
jueves, 4 de diciembre de 2014
Pobreza y Delincuencia. UOC
Pobreza y delincuencia. Una relación causal inexistente http://t.co/ag8lrjKd5h por @franguila
viernes, 28 de noviembre de 2014
DESARTICULACIÓN SOCIAL Y CRIMEN ORGANIZADO. El caso mexicano.
DESARTICULACIÓN SOCIAL Y CRIMEN ORGANIZADO. El
caso mexicano.
MANUEL VERA
Recientemente han saltado a la palestra los hechos ocurridos
en la ciudad mexicana del estado de Guerrero, Iguala. La desaparición y el
asesinato de estudiantes pertenecientes al colectivo social "normalista", uno de
los más combativos de México ha salido a la luz por la naturaleza de los hechos
y por la forma en que estos se produjeron
y la estrecha relación entre el crimen organizado y las autoridades locales de esta zona de
México.
Analizar
aisladamente los hechos de la localidad de Iguala como un simple episodio
violento de los diferentes cárteles dedicados al tráfico de drogas en la zona
es obviar cuál es el problema de fondo que subyace en hechos como este. Más aún
si cabe, cuando durante la búsqueda de los estudiantes desaparecidos se han
localizado fosas comunes con cadáveres que nadie conoce, cuando con el devenir
de los días el grito de indignación de la sociedad mexicana se ha hecho un
clamor por el territorio de México. Dejan entrever estos hechos que lejos de
tratarse de hechos puntuales se trata, cuando menos, de episodios que episodios
que se repiten a lo largo del tiempo y de la geografía nacional.
Sin embargo,
cuando planteamos la pregunta que se hacía Guillermo TREJO (EL PAÍS, 16/10/14)
de si “el principal negocio del crimen organizado en México es el tráfico de
drogas hacia los EEUU, ¿por qué asesinar estudiantes que no tienen ninguna
relación con el negocio? Ahí es cuando enfrentamos que quizás estos sucesos
violentos obedezcan a razones que van más allá de lo que en un principio
pudiera parecer ajustes de cuentas, por ejemplo.
En este marco
de violencia de los diferentes cárteles de la droga, del ejército en su lucha
contra éstos, de la corrupción política, policial y de los funcionarios públicos es en el que se
desarrolla la verdadera guerra soterrada entre el crimen organizado, el estado
y los diferentes movimientos sociales, y es también en ese marco en el que hay
que entender el surgimiento espontáneo de los llamados grupos de autodefensas
que han venido a suplir desde la sociedad civil ciertas ausencias en lo
relativo a la seguridad de la población de las áreas afectadas.
1.- ANÁLISIS DEL PROBLEMA.
Desde largo tiempo los grupos criminales que controlan el
tráfico de drogas hacia EEUU han permeado la estructura del poder en aquellos ámbitos en que el
control era más difícil por parte del gobierno federal, esto es, en el ámbito
local. Y se han infiltrado en la política, en la judicatura, en la policía, en
las cárceles. De tal suerte que el crimen organizado ha ampliado su tradicional
campo de acción hacia la toma del “poder local, apoderándose de los municipios
y sus recursos y extraer la riqueza local a través de la tributación forzada”.
Guillermo TREJO. EL PAÍS 16/10/14.
Según este
autor, se ha desarrollado una suerte de industria extractiva de los recursos
naturales en forma de sustracción de gasolina, gas, etc… y de la riqueza humana
mediante la extorsión y el secuestro. Así, concluye, que estos grupos criminales
encontraron un nuevo botín: el municipio y sus contribuyentes. (1)
El soborno, la
coerción, la corrupción de policias, de jueces, de funcionarios y de políticos
conseguía en un largo proceso afianzar su influencia en los órganos locales de
poder hasta el punto de llegar a postular sus propios candidatos títeres como
parece que fue el caso del alcalde de Iguala y de su esposa, como también el de
otros alcaldes que a resultas de los últimos sucesos en la zona han sido
detenidos.
En este escenario,
el papel de la policía y los jueces corruptos es clave para entender un hecho
clave que hace que esta toma soterrada del poder sea efectiva: la impunidad.
No se entiende de otra forma que como sucedió en Iguala el
alcalde o su secretario de seguridad o el jefe de policía ordenaran los
disparos en contra de los estudiantes y entregaran a los detenidos a los
sicarios de los Caballeros Templarios para que dispusieran de ellos como
finalmente ocurrió: con su muerte.
De hecho, esas
muertes, esas desapariciones parecían venir a corroborar la toma del poder
local, de la voluntad de sus representantes por parte del crimen organizado que
de esta forma quería enviar un mensaje claro e inequívoco a los diferentes
movimientos sociales implicados en distintos procesos de articulación social
para que desistan en sus acciones mediante la extensión del crimen, el terror y
el miedo. Y precisamente, la masacre de Iguala se debe a una acción premeditada
y a una estrategia de desarticulación social y de extensión del miedo entre la
población y aquellos funcionarios y políticos que no se dobleguen.
Precisamente en
la zona donde han ocurrido esos tristes sucesos existe una fuerte organización social
y comunitaria que constituye colectivos sociales que en cierta medida estructuran
la sociedad en determinadas escala: en la de las personas, no así, por lo que
se ve, en las instituciones.
2. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.
A poco que se piense en lo sucedido en la localidad de
Iguala surge una pregunta cuya respuesta nos dará la clave de lo ocurrido y el
trasfondo de la guerra larvada y ya declarada entre la sociedad civil
(población, estado, policía, judicatura) y los grupos de crimen organizado.
En este caso
concreto, ¿quiénes son “los estudiantes normalistas de Ayotzinapa? ¿Qué ha
ocurrido en lugares como Aguas Blancas o El Charco? ¿Por qué han surgido
movimientos sociales como las denominadas autodefensas? Y volviendo a la
pregunta que se hace Guillermo TREJO en su artículo (EL PAÍS, 16/10/14) ¿Por
qué asesinar estudiantes que no tienen ninguna vinculación con el negocio
criminal?
Las razones son
diversas. Pero en esas zonas tan
castigadas por el crimen y por las cuales pasa la mayoría del tráfico de drogas
y personas hacia EEUU (2) se ha instalado ese mal difuso y casi omnipresente:
la impunidad (3).
Desde antiguo
la guerra sucia del estado priista contra los grupos guerrilleros y los
estudiantes disidentes ya en los años setenta del pasado siglo alcanzó en el
caso del estado de Guerrero niveles similares a la guerra sucia de Argentina o
Chile. Aquéllos movimientos quedaron impunes y el germen violento de entonces
ha trocado en el devenir de los años en una violencia generalizada que amenaza
a la población y, más allá, en las bases del propio estado y de la cohesión
social.
3. LAS RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD.
De un lado han surgido respuestas desde la población azotada
por esta guerra: los movimientos sociales, la organización de asociaciones
estudiantiles, civiles al fin, como la de los estudiantes normalistas de
Ayotzinapa que son una respuesta de la sociedad para autovertebrarse y luchar,
erigidos en interlocutor de amplios sectores de la sociedad coaccionada local
contra el crimen organizado, contra la corrupción del poder a diferentes
escalas. Estos movimientos sociales, esa vertebración autónoma de la población
contra ese estado de cosas han sido fruto de décadas de movilizaciones
indígenas, de la iglesia católica y grupos laicos en la defensa de los derechos
humanos.
Más
recientemente ha surgido un nuevo movimiento: los autodefensas. Los individuos
y más allá las comunidades en que se integran se han autoorganizado en grupos
que velan y protegen a su comunidad. Y ello puede deberse al vacío institucional
protector que la policía, la judicatura y el poder político local (4) han
dejado al descubierto de tal suerte que ciudadanos desamparados contra el
crimen organizado en su amplia acepción se han autoorganizado para defenderse y
protegerse de los desmanes del crimen y del mismo poder local. Estos
movimientos en América Latina no son nuevos. En Colombia ya se crearon
grupos de autodefensas civiles que
fueron aprovechados por el ejército en su lucha local contra el narcotráfico y
las FARC. Pero en el caso de México estos movimientos parecen remontarse a la
época autoritaria del PRI en que fueron utilizados por el estado como una
suerte de germen de los grupos paramilitares para su lucha contra la
insurgencia o los movimientos campesinos de signo izquierdista o incluso contra
los zapatistas.
Tanto un caso
como otro derivaron en el largo plazo en una especie de quiste violento que ha
hecho pervivir el escenario violento de uno u otro signo y que aunque se llegaran
a entender como una solución para
determinados problemas lo que sé hizo fue enquistar en la sociedad el germen de
la violencia.
A día de hoy,
tal como plantea Guillermo TREJO, (EL PAÍS 12/10/14), teniendo presente que la
utilización de los autodefensas a largo plazo puede devenir en la prolongación de
la violencia, sí que resultaría efectiva para los estadios iniciales de lucha
coaligada con el estado federal contra el crimen y así plantear una reconstrucción
del “orden político local” de las áreas afectadas ,incardinados en el proceso
de reconstrucción de la sociedad para que sean los ojos y los oídos del estado
para que a nivel local se recobre el control de la situación.
Pero confiar en grupos armados
informales para imponer un cierto orden
político y social puede ser a largo plazo igualmente nocivo para la sociedad y
de ello ya hubo ejemplos, como ha quedado dicho en Colombia o el propio México.
De cualquier modo se deberían
abordar otro tipo de políticas, y de
reformas de carácter transversal que aborden una profunda reforma de las
instituciones a todas las escalas de tal forma que se reconstituya el Estado,
el poder local y la confianza y seguridad de los ciudadanos.
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