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lunes, 15 de diciembre de 2014

Mapa de les llars dels delinqüents juvenils de Washington, fet el 1935
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Planificación de la Seg. Ciudadana

Planificacion Seg. Ciudadana. UOC

Espacio público y cambio político


Espacio público y cambio político http://t.co/ZwxJfuSCVj por Jordi Borja (2013)

LA CIUDAD SEGREGADA

LA CIUDAD SEGREGADA.


         Las relaciones de todos los actores que componen la sociedad tienen una plasmación espacial que para los profanos en al materia escapan a su mirada. Sin embargo, esas relaciones fruto de la interacción social  son evidentes para la mirada de un geógrafo, de un criminólogo, de un sociólogo por citar algunas. La ciudad como constructo temporal evidencia la transformación de esas relaciones entre los individuos y más allá de estos con el espacio en que viven.
Entender en esa perspectiva que la criminalidad  es a la vez consecuencia y causante de estructuras sociales, económicas, psicológicas que se plasman en la construcción y vivencia del espacio geográfico urbano es una de las tareas de la geografía del crimen o de las geografías securitarias como las denomina HERNANDO SANZ, pero lo es también la propuesta de medidas para cambiar los escenarios, las dinámicas de  la sociedad de tal modo que se pongan en concierto todos los actores implicados en la garantía de la seguridad ciudadana como uno de los pilares de las sociedades  modernas puesto que en última instancia se trata de garantizar al ciudadano la seguridad y más allá, la libertad.
         Pues bien, como la sociedad evoluciona también lo hace el fenómeno urbano. Y es el análisis de esa evolución y de sus consecuencias lo que sirve de base para afrontar la problemática criminal y establecer estrategias que superen sus aspectos negativos. Podríamos fijar nuestra atención en muchos aspectos del fenómeno urbano, sin embargo, me voy a centrar solo en aquéllos que afectan a cuestiones como la segregación urbana, la parcelación de los espacios, las zonificaciones de los usos del suelo, la dicotomía entre lo público y lo privado y, más allá, en la falta de cohesión social y el aumento del individualismo. Así se puede también entender si las respuestas de las diferentes administraciones al fenómeno criminal es, más que positivo, coherente y en esa medida, acertada.

EL INDIVIDUO Y LA COMUNIDAD.

         Las personas y los grupos en que se integran interactúan entre sí y con el espacio que les rodea estableciendo relaciones, vivencias que pautan sus comportamientos. Un barrio de una ciudad cualquiera es un trasunto identitario de los habitantes que lo integran y les dota de una cierta identidad colectiva que a menudo les diferencia de otros barrios de esa misma ciudad. El modo en que se relacionan y el grado de cohesión vecinal, la vivencia de sus espacios públicos o privados y de las problemáticas que le son propias condicionan su percepción de la realidad que les rodea y marcan por ello su vivencia diaria, la imagen que se construyen del espacio en que desarrollan sus vidas.

En gran medida los diferentes indicadores sociodemográficos explican y/o condicionan (los usos, los equipamientos, la falta de cohesión social) el fenómeno de la criminalidad o de la violencia en determinados lugares o entornos,  el potencial comportamiento incívico. Y aquí entra el problema de las escalas en el análisis de la realidad. AVENDAÑO FLORES  que menciona tres escalas referidas a aspectos vivenciales de los individuos: la escala inmediata, la vecinal y la local. BAILLY y BEGUIN  los llaman “caparazones entre el yo y el mundo”.
         La escala inmediata, la del individuo y su familia que se confina en su casa, en su domicilio como espacio seguro, de ahí que se hable de auténticas cárceles preventivas en que la vida urbana se ha volcado al interior y que lleva a una atomización de la vida social y por contrapartida una disminución de la interacción social y en definitiva la difuminación de la cohesión social. Sus signos externos son las rejas, las murallas, las alarmas, los perros, las alambradas, los guardas de seguridad de los inmuebles, etc…, incluso se puede hablar de fachadas con un denominador común: el encierro. Lo cierto es que esa es una realidad que llega a ser visible en áreas urbanas y periurbanas, incluso rurales.
         La escala vecinal la sitúan en el ámbito de la cohesión social ya que en la medida en que la vivencia vecinal o comunal, como la llaman los autores latinoamericanos, se deteriora causal y consecuentemente disminuyen los lazos que vinculan a los individuos entre sí como comunidad  y hacen que, en definitiva, los problemas relacionados con la criminalidad no sean enfrentados desde ésta como sería lo deseable ya que las estrategias de promoción y de resolución de conflictos que no se asienten en un entendimiento de que la seguridad, la paz social en definitiva, no puede continuar siendo como hasta ahora una estrategia superpuesta a la sociedad sino que esté permeada por ella para que de una parte los individuos y los grupos en que se integran y de otra la actuación de las diferentes administraciones implicadas a diferentes niveles, sea posible que las estrategias que se adopten resulten útiles a la sociedad. Por ello, se impone superar el modelo reactivo policial tradicional por otro preventivo en que desde una perspectiva complementaria, transversal e interdisciplinar todos los actores implicados sean protagonistas.
En este sentido, la potenciación de los espacios de reunión vecinal o de la seguridad en su zona de tránsito suponen pequeños hitos en la consecución de esos objetivos securitarios y es precisamente en esa perspectiva que se incardinan teorías como las del CPTED, que ya traté en otros post.
         En la escala local se sitúan los problemas que afectan a todo el espacio urbano. Se establece o se constata una zonificación de la ciudad que en la mayoría de los casos es invisible como describía al comienzo del artículo. Las distintas circunstancias socioeconómicas de los habitantes de ciertas zonas o barrios de nuestras ciudades determinan que otros ciudadanos perciban esas zonas como áreas peligrosas, áreas de exclusión social y por ende áreas en que los fenómenos de marginalidad y delincuencia son más comunes de tal forma que a menudo ciertas calles constituyen verdaderas fronteras invisibles que en el imaginario colectivo de una ciudad sus vecinos reconocen y que por ello marcan pautas de comportamiento diario que derivan en agravamiento de problemas de exclusión social o marginalidad, convirtiéndose como venimos observando en causa y en consecuencia de los procesos excluyentes de los individuos, de sus grupos y de los espacios que habita y transita.
         En muchos casos la administración pública realiza una política de inversión y mantenimiento de espacios públicos y de dotación de equipamiento urbano que obvia estas realidades descritas y que de no revertirse desembocan en un proceso de degradación urbana y por ende social que hacen que la percepción de sus habitantes y de los ciudadanos de otros barrios en general sea de un espacio degradado social y físicamente.
De ese modo la ciudad se convierte en una suerte de islas más o menos conectadas pero con “fronteras” invisibles en que los usos de los diferentes espacios, las dotaciones de infraestructuras, la titularidad de los espacios y aún la privatización de los públicos hacen que la vivencia de los espacios urbanos derive hacia una suerte de privatización como es el caso de los parques públicos vallados y/o vigilados o de los centros comerciales donde desarrollamos parte de nuestra convivencia social como meros consumidores: de ocio, de artículos, etc…
 “La relación de la delincuencia
con las grandes concentraciones urbanas
 es muy superior a la que se pudiera relacionar a la emigración”.(3)
VALERO ESCANDEL, J.R., La Ciudad y el miedo. VII Coloquio de Geografía Urbana. 2004. Universidad de Girona.
         Los barrios residenciales cerrados sobre sí mismos constituyen a menudo un fuerte contraste con aquellos espacios, con aquellos barrios en que crece la inseguridad, la exclusión y el deterioro. Así, la ciudad se convierte en una suerte de espacios a los que no podemos acceder libremente o al menos aún siendo espacios abiertos el nivel adquisitivo e los individuos no les permite acceder a determinados lugares. Espacios teselados en que las diferencias se basan en las disparidades  de dotación de servicios públicos, espacios más o menos accesibles, más o menos peligrosos. Ello muchas veces determina que determinados ciudadanos con rentas bajas solo puedan acceder a viviendas de un determinado valor, lo que acaba constituyendo guettos en que los procesos de degradación se retroalimentan. Según la Comisión Técnica de Seguridad Urbana de Barcelona “el nivel de seguridad que los vecinos de la ciudad atribuyen a su barrio de residencia remite a algo más que al miedo al delito, es un barómetro de calidad de vida del territorio y de la cohesión social de la ciudad”.
         Es más, se habla de la distribución diferencial por barrios del riesgo real y del riesgo percibido. En general, todos los estudios hablan de un incremento de la percepción subjetiva de inseguridad y en ello tienen que ver tanto las estadísticas reales de delitos como el aumento de la población inmigrante, la desconexión creciente entre los centros de trabajo, residencia y ocio que hacen se resienta la cohesión social y se deterioren las relaciones comunitarias.


Revista METRÓPOLIS. Invierno 2010. Nº.: 77. Barcelona. Número dedicado a la Ciudad del Miedo.

viernes, 28 de noviembre de 2014

DESARTICULACIÓN SOCIAL Y CRIMEN ORGANIZADO. El caso mexicano.

DESARTICULACIÓN SOCIAL Y CRIMEN ORGANIZADO. El caso mexicano.

MANUEL VERA


Recientemente han saltado a la palestra los hechos ocurridos en la ciudad mexicana del estado de Guerrero, Iguala. La desaparición y el asesinato de estudiantes pertenecientes al colectivo social "normalista", uno de los más combativos de México ha salido a la luz por la naturaleza de los hechos  y por la forma en que estos se produjeron y la estrecha relación entre el crimen organizado  y las autoridades locales de esta zona de México.
        Analizar aisladamente los hechos de la localidad de Iguala como un simple episodio violento de los diferentes cárteles dedicados al tráfico de drogas en la zona es obviar cuál es el problema de fondo que subyace en hechos como este. Más aún si cabe, cuando durante la búsqueda de los estudiantes desaparecidos se han localizado fosas comunes con cadáveres que nadie conoce, cuando con el devenir de los días el grito de indignación de la sociedad mexicana se ha hecho un clamor por el territorio de México. Dejan entrever estos hechos que lejos de tratarse de hechos puntuales se trata, cuando menos, de episodios que episodios que se repiten a lo largo del tiempo y de la geografía nacional.
        Sin embargo, cuando planteamos la pregunta que se hacía Guillermo TREJO (EL PAÍS, 16/10/14) de si “el principal negocio del crimen organizado en México es el tráfico de drogas hacia los EEUU, ¿por qué asesinar estudiantes que no tienen ninguna relación con el negocio? Ahí es cuando enfrentamos que quizás estos sucesos violentos obedezcan a razones que van más allá de lo que en un principio pudiera parecer ajustes de cuentas, por ejemplo.
        En este marco de violencia de los diferentes cárteles de la droga, del ejército en su lucha contra éstos, de la corrupción política, policial y de  los funcionarios públicos es en el que se desarrolla la verdadera guerra soterrada entre el crimen organizado, el estado y los diferentes movimientos sociales, y es también en ese marco en el que hay que entender el surgimiento espontáneo de los llamados grupos de autodefensas que han venido a suplir desde la sociedad civil ciertas ausencias en lo relativo a la seguridad de la población de las áreas afectadas.

1.- ANÁLISIS DEL PROBLEMA.
Desde largo tiempo los grupos criminales que controlan el tráfico de drogas hacia EEUU han permeado la estructura  del poder en aquellos ámbitos en que el control era más difícil por parte del gobierno federal, esto es, en el ámbito local. Y se han infiltrado en la política, en la judicatura, en la policía, en las cárceles. De tal suerte que el crimen organizado ha ampliado su tradicional campo de acción hacia la toma del “poder local, apoderándose de los municipios y sus recursos y extraer la riqueza local a través de la tributación forzada”. Guillermo TREJO. EL PAÍS 16/10/14.
        Según este autor, se ha desarrollado una suerte de industria extractiva de los recursos naturales en forma de sustracción de gasolina, gas, etc… y de la riqueza humana mediante la extorsión y el secuestro. Así, concluye, que estos grupos criminales encontraron un nuevo botín: el municipio y sus contribuyentes. (1)
        El soborno, la coerción, la corrupción de policias, de jueces, de funcionarios y de políticos conseguía en un largo proceso afianzar su influencia en los órganos locales de poder hasta el punto de llegar a postular sus propios candidatos títeres como parece que fue el caso del alcalde de Iguala y de su esposa, como también el de otros alcaldes que a resultas de los últimos sucesos en la zona han sido detenidos.
        En este escenario, el papel de la policía y los jueces corruptos es clave para entender un hecho clave que hace que esta toma soterrada del poder sea efectiva: la impunidad.
No se entiende de otra forma que como sucedió en Iguala el alcalde o su secretario de seguridad o el jefe de policía ordenaran los disparos en contra de los estudiantes y entregaran a los detenidos a los sicarios de los Caballeros Templarios para que dispusieran de ellos como finalmente ocurrió: con su muerte.
        De hecho, esas muertes, esas desapariciones parecían venir a corroborar la toma del poder local, de la voluntad de sus representantes por parte del crimen organizado que de esta forma quería enviar un mensaje claro e inequívoco a los diferentes movimientos sociales implicados en distintos procesos de articulación social para que desistan en sus acciones mediante la extensión del crimen, el terror y el miedo. Y precisamente, la masacre de Iguala se debe a una acción premeditada y a una estrategia de desarticulación social y de extensión del miedo entre la población y aquellos funcionarios y políticos que no se dobleguen.
        Precisamente en la zona donde han ocurrido esos tristes sucesos existe una fuerte organización social y comunitaria que constituye colectivos sociales que en cierta medida estructuran la sociedad en determinadas escala: en la de las personas, no así, por lo que se ve, en las instituciones.

2. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.
A poco que se piense en lo sucedido en la localidad de Iguala surge una pregunta cuya respuesta nos dará la clave de lo ocurrido y el trasfondo de la guerra larvada y ya declarada entre la sociedad civil (población, estado, policía, judicatura) y los grupos de crimen organizado.
        En este caso concreto, ¿quiénes son “los estudiantes normalistas de Ayotzinapa? ¿Qué ha ocurrido en lugares como Aguas Blancas o El Charco? ¿Por qué han surgido movimientos sociales como las denominadas autodefensas? Y volviendo a la pregunta que se hace Guillermo TREJO en su artículo (EL PAÍS, 16/10/14) ¿Por qué asesinar estudiantes que no tienen ninguna vinculación con el negocio criminal?
        Las razones son diversas. Pero en esas zonas  tan castigadas por el crimen y por las cuales pasa la mayoría del tráfico de drogas y personas hacia EEUU (2) se ha instalado ese mal difuso y casi omnipresente: la impunidad (3).
        Desde antiguo la guerra sucia del estado priista contra los grupos guerrilleros y los estudiantes disidentes ya en los años setenta del pasado siglo alcanzó en el caso del estado de Guerrero niveles similares a la guerra sucia de Argentina o Chile. Aquéllos movimientos quedaron impunes y el germen violento de entonces ha trocado en el devenir de los años en una violencia generalizada que amenaza a la población y, más allá, en las bases del propio estado y de la cohesión social.

3. LAS RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD.
De un lado han surgido respuestas desde la población azotada por esta guerra: los movimientos sociales, la organización de asociaciones estudiantiles, civiles al fin, como la de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa que son una respuesta de la sociedad para autovertebrarse y luchar, erigidos en interlocutor de amplios sectores de la sociedad coaccionada local contra el crimen organizado, contra la corrupción del poder a diferentes escalas. Estos movimientos sociales, esa vertebración autónoma de la población contra ese estado de cosas han sido fruto de décadas de movilizaciones indígenas, de la iglesia católica y grupos laicos en la defensa de los derechos humanos.
        Más recientemente ha surgido un nuevo movimiento: los autodefensas. Los individuos y más allá las comunidades en que se integran se han autoorganizado en grupos que velan y protegen a su comunidad. Y ello puede deberse al vacío institucional protector que la policía, la judicatura y el poder político local (4) han dejado al descubierto de tal suerte que ciudadanos desamparados contra el crimen organizado en su amplia acepción se han autoorganizado para defenderse y protegerse de los desmanes del crimen y del mismo poder local. Estos movimientos en América Latina no son nuevos. En Colombia ya se crearon grupos  de autodefensas civiles que fueron aprovechados por el ejército en su lucha local contra el narcotráfico y las FARC. Pero en el caso de México estos movimientos parecen remontarse a la época autoritaria del PRI en que fueron utilizados por el estado como una suerte de germen de los grupos paramilitares para su lucha contra la insurgencia o los movimientos campesinos de signo izquierdista o incluso contra los zapatistas.
        Tanto un caso como otro derivaron en el largo plazo en una especie de quiste violento que ha hecho pervivir el escenario violento de uno u otro signo y que aunque se llegaran a entender como una solución  para determinados problemas lo que sé hizo fue enquistar en la sociedad el germen de la violencia.
        A día de hoy, tal como plantea Guillermo TREJO, (EL PAÍS 12/10/14), teniendo presente que la utilización de los autodefensas a largo plazo puede devenir en la prolongación de la violencia, sí que resultaría efectiva para los estadios iniciales de lucha coaligada con el estado federal contra el crimen y así plantear una reconstrucción del “orden político local” de las áreas afectadas ,incardinados en el proceso de reconstrucción de la sociedad para que sean los ojos y los oídos del estado para que a nivel local se recobre el control de la situación.
Pero confiar en grupos armados informales  para imponer un cierto orden político y social puede ser a largo plazo igualmente nocivo para la sociedad y de ello ya hubo ejemplos, como ha quedado dicho en Colombia o el propio México.

De cualquier modo se deberían abordar otro tipo de políticas, y  de reformas de carácter transversal que aborden una profunda reforma de las instituciones a todas las escalas de tal forma que se reconstituya el Estado, el poder local y la confianza y seguridad de los ciudadanos.